De esta manera, quedan sin efecto los tres acuerdos suscritos en septiembre de 2016, que se han renovado periódicamente desde entonces. En concreto, se firmaron dos convenios para evitar desahucios en dos sentidos: por un lado, prestando asesoramiento para evitar ejecuciones hipotecarias, con un coste de 250 euros al mes; por otro, poniendo en marcha un servicio que impidiera desahucios en casos de impagos de las rentas de alquiler, por 350 euros mensuales.

El tercer convenio suscrito tenía como objetivo hacer frente a los delitos de odio que pudieran cometerse en el municipio, a coste cero. Junto a Marbella y Torremolinos, municipios en los que a día de hoy siguen en vigor, Benalmádena fue el tercer ayuntamiento en toda España en ofrecer atención jurídica a las víctimas de estos delitos.

Estos servicios eran gratuitos para los vecinos de Benalmádena y, según palabras del alcalde de Benalmádena el día de su presentación, reforzaban uno de los principales compromisos de su equipo de gobierno: el apoyo a las personas en riesgo de exclusión social y a las víctimas de delitos de odio, han recordado desde el Colegio de Abogados a través de un comunicado.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha lamentado la decisión "unilateral" del Consistorio de Benalmádena, ya que considera que estos acuerdos "se caracterizaban por su profundo contenido social y suponían un coste económico muy bajo para el municipio".

"Si el Ayuntamiento consideraba que era necesario reorientar estos servicios, habríamos estudiado otras fórmulas, pero lo cierto es que han anunciado la no renovación de los acuerdos de manera unilateral y sin explicación alguna", ha concluido Lara.