Después de que miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparan el pasado jueves el Ayuntamiento de Barcelona para reclamar realojos dignos para las personas desahuciadas y arrancara de las administraciones el compromiso de un reunión que abordara el problema, este lunes ha llegado el día del encuentro, durante el que se ha puesto hilo a la aguja de cara a solucionarlo.

La Generalitat, el Gobierno y el Consistorio han mostrado por primera vez voluntad de trabajar conjuntamente por el derecho a la vivienda y han anunciado un plan ejecutivo para evitar que las familias que pierden sus casas por la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler tengan que vivir en pensiones o albergues precarios mientras están a la espera de un piso de la mesa de emergencia, una espera que dura dos años de media.

Durante el encuentro, representantes de las tres administraciones y de la PAH han creado un grupo de trabajo para tener diseñada en septiembre esta hoja de ruta y han quedado en reunirse de nuevo la próxima semana para empezar a concretar las medidas que la integrarán.

Una de las que barajan y que reclama la plataforma, ha explicado el secretario de Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, es lograr que los 174 pisos vacíos que tiene en Barcelona la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pasen a ampliar el parque de vivienda pública. Otras, ha indicado el portavoz de la PAH Santi Mas de Xaxàs, son hacer que este crezca a través del alquiler de pisos en el mercado libre, de la ampliación de partidas presupuestarias, de inmuebles propiedad de las administraciones o de la construcción de casas a través de impresoras 3D.

Mediante el plan ejecutivo, se espera que se pueda reducir el número de familias que están en lista de espera para acceder a un piso de emergencia, que según informó Serra, son unas 600 en la capital catalana y alrededor de 1.300 en Catalunya.

"Estamos muy contentos porque por primera vez las tres administraciones han reconocido que tienen una responsabilidad compartida", ha apuntado Mas de Xaxàs, que ha pedido que "las buenas palabras se concreten" y que no se quede todo en un "brindis al sol".

Por su parte, Serra ha lamentado que Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno siempre se han culpabilizado los unos a los otros de la falta de pisos públicos y ha llamado a "aunar esfuerzos" para encontrar soluciones. Asimismo, ha tildado de "trágico" que haya una lista de espera de dos años para acceder a viviendas de emergencia. "Es una situación lamentable en pleno siglo XXI", ha dicho.

La concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, por su parte, ha afirmado que en el gobierno municipal están "satisfechos" porque "la Generalitat y el Estado tienen la voluntad de implicarse". Ha recordado, además, que en los últimos años el Consistorio ha hecho frente al 80% de la responsabilidad del Consorci d'Habitatge, a pesar de que este está participado en un 60% por el Govern y en un 40% por el equipo de la alcaldesa, Ada Colau, y ha confiado en que esta situación cambiará.

También ha estado presente en la reunión el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto, que ha apuntado que el Ejecutivo central retiró los recursos de inconstitucionalidad a la ley 24/2015 sobre emergencia habitacional "para que la Generalitat haga la parte que falta". Ha señalado, asimismo, que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 prevé destinar 209,23 millones a Catalunya "para la ayuda al alquiler y hacer promociones" de pisos –de los que ya se han abonado 20,92–, así como que el Govern se comprometa a aportar otros 62,77 millones.

El Ayuntamiento de Barcelona celebrará este martes el pleno extraordinario sobre vivienda que forzaron los grupos de ERC y JxCat. El objetivo principal es instar al Govern a iniciar trámite para un proyecto de Ley para regular los precios de los contratos de alquiler.