El medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que este jueves por la mañana han ocupado el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona, donde han instalado colchones y tiendas de campaña, han abandonado la ocupación alrededor de las 20 horas al conseguir una reunión con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el próximo lunes 22 de julio. Han anunciado el cese de la ocupación en su perfil de Twitter.

Su intención era quedarse allí los días que hiciera falta, hasta que consiguieran una reunión de un "comité de emergencia" con la participación del gobierno municipal, la Generalitat y la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Y la presión ha dado sus frutos, pues al mediodía, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha anunciado que el encuentro se celebrará el próximo lunes 22 de julio a las nueve de la mañana.

Durante la ocupación, han exigido a las administraciones "soluciones imaginativas" para que los desahuciados no tengan que vivir en alojamientos que ha considerado "una vergüenza", como pensiones, albergues, residencias de estudiantes u hostales, gestionados por "la empresa del sector público Snow Travel". "Si tienen que trabajar que trabajen, que alquilen en el mercado libre, lo que sea", ha dicho el portavoz de la PAH de Barcelona Santi Mas de Xaxàs.

Además, han denunciado que en Barcelona hay ahora mismo unas 600 personas procedentes, la gran mayoría, de desahucios, que viven temporalmente en estos lugares, y que pueden estar en esta situación casi dos años, pues ese es el tiempo que marca la lista de espera para acceder a un piso de emergencia. "Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante, por parte de todas las administraciones, de los derechos humanos, los acuerdos internacionales y la misma Ley 24/2015, al no garantizar un realojamiento digno", ha apuntado, en este sentido, la PAH en un comunicado.

A través de este, ha criticado que los realojamientos que se ofrecen son "precarios y temporales" y que muchos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad y no se ajustan a las necesidades de las personas. "Encima, no se garantiza una permanencia en el mismo lugar, puesto que las familias pueden llegar a ser cambiadas de pensión varias veces en un mismo mes", ha apuntado la entidad, y ha añadido que "es inadmisible que nos hagamos llamar una sociedad avanzada y tratemos a los ciudadanos vulnerables de esta manera".

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, portavoz de la PAH antes de estar al frente del Ayuntamiento, ha señalado que esta plataforma "tiene toda la razón al decir que se debe reducir la espera en la mesa de emergencia" y al afirmar que las pensiones y albergues temporales no son buenos para las familias. Ha apuntado, sin embargo, que el Consistorio solo participa en un 40% en el Consorcio de Vivienda, mientras que el 60% corresponde al Govern, por lo que consideró que «si la Generalitat hiciera su parte» la situación sería mejor.

Pampa Isla, divorciada y con tres hijos de dos, seis y 12 años, el mayor con una discapacidad del 79%, ha explicado que vive en una residencia a la espera de un piso de emergencia.  "No estamos todos en la misma planta", se ha quejado, y ha recordado que cuando los desahuciaron uno de sus niños "se desmayó". 

Según datos de la PAH, las familias que están en lista de espera en la capital catalana para acceder a un piso de la mesa de emergencia son unas 550, y en Cataluña, alrededor de 1.500.

En la ciudad hubo 10.689 desahucios entre los años 2015 y 2018 y en la comunidad autónoma, 3.557 en el primer trimestre de este año. "Cataluña continua liderando el ranking de la vergüenza y en Barcelona siguen los 11 desahucios diarios", ha apuntado la entidad en su comunicado.

En cuanto al parque público de vivienda, este representa, según la plataforma, un 1,6% del total en la capital catalana, mientras que la media europea es del 15%.

En España, han sido desahuciadas 644.718 familias desde 2008.

La mañana de este jueves los miembros de la PAH no solo han ocupado el Ayuntamiento de Barcelona, sino que también se han concentrado frente a un edificio de la calle Pujades para frenar un desahucio que estaba programado y que afectaba al inquilino de un piso propiedad del fondo de inversión Talisman Capital. La acción ha acabado con éxito.