Para ello, ha consultado sobre estos cuatro parámetros con otros tantos especialistas: Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso (PSOE) en la anterior legislatura; Eduardo Vázquez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Cantabria y secretario de la revista ‘Derecho y Nuevas Tecnologías'; Carlos Carnicer, pte. del Consejo General de la Abogacía Española; y Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Alvaro Cuesta. Se necesita más dotación de medios, la modernización de la gestión e impulsar la Carta de Derechos de los Ciudadanos.

Carlos Carnicer. Hay que modernizarla de arriba abajo. Faltan jueces, formación de todos los actores, medios materiales y humanos y sistemas telemáticos.

Antonio García. Las obsolescencias estructurales de la organización judicial y la insuficiencia de medios. Hay que reordenar las líneas maestras de su funcionamiento.

A.C. Fundamentalmente dos: la lentitud, que supone negar el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, y el excesivo corporativismo.

E.V. La desconfianza. Hay una falsa sensación de poca independencia respecto a la política. Las acusaciones mutuas de uso partidista repercuten en su imagen.

C.C. La utilización partidista de la Justicia y que los partidos políticos, todos, no sean capaces de alcanzar el pacto de Estado que reclamamos todos.

A.C. Una muy buena preparación de los profesionales. Una gran capacidad jurídica y un buen nivel de independencia judicial.

E.V. Lo que da confianza, una confianza que yo creo que sí que hay, es la seguridad del sistema. Tenemos una gran seguridad jurídica. Los jueces están muy preparados y eso es una garantía para el ciudadano.

A.G. El componente humano. El equipo judicial en su conjunto: comprometido, cualificado y adecuadamente preparado.

E.V. Potenciar los sistemas alternativos para evitar los colapsos. El arbitraje, en consumo, y la mediación, en los asuntos familiares, se han mostrado muy útiles. Satisfacen los intereses de los ciudadanos y descongestionan los juzgados.

C.C. Con voluntad política, podemos dar solución a todos los problemas y garantizar de verdad a los ciudadanos la tutela judicial efectiva.

A.G. Que, mediante un compromiso político firme, decidido y sincero, se alcance un pacto de Estado consensuado con altura de miras. Y, con él, que se alcance un compromiso presupuestario: que se invierta y que se gaste.