Sobre las tablas de la Casa de Vacas del parque El Retiro (Madrid) se encuentra el actor Emilio Gutiérrez Caba. Con el guion en la mano, protagoniza una divertida escena de Se vende ático, la obra con la que el director Adolfo Marsillach (1928-2002) ganó el Premio de Novela Espasa Humor, en 1995.

Junto a Gutiérrez Caba, la actriz Miriam Fernández y el actor Daniel Olías acompañan sus palabras aunque, en esta ocasión, sin la ayuda del papel. Estos dos últimos, no solo cerraron el pasado viernes su gira por España sino que celebraban los diez años de teatro adaptado de la Compañía de Blanca Marsillach y Fundación Repsol, una iniciativa que demuestra cómo la parálisis cerebral de Miriam y el Síndrome de Williams que sufre Daniel no son un impedimento para subirse a un escenario.

"Representamos a personas de la vida misma, con sus conflictos. Lo bonito de esta representación es ver que la discapacidad pasa a un segundo plano, deja de tener el protagonismo", explica la actriz que, al filo del lema de la compañía Diversidad a escena, asegura que "no hay que quedarse en la barrera sino aprender de la diferencia" y que "en vez de integrar, hay que convivir".

Porque, como asegura el actor Gutiérrez Caba, padrino del proyecto, "en el mundo del teatro existe la imaginación y eso no tiene fronteras ni formas de ser: es o no es". Por esta razón, este es el quinto año consecutivo en el que actores profesionales con y sin discapacidad han compartido las tablas de la mano de Varela producciones (Compañía de Teatro de Blanca Marsillach), que en el año 2010 se inició con el primer programa de teatro adaptado.

Desde entonces, centenares de personas se han beneficiado de este proyecto para personas con capacidades diferentes, que fomenta la integración de este colectivo a través de la cultura. "No existe una discapacidad, están los personajes y somos nosotros los que la vemos y eso es lo que hay que normalizar", explicó Blanca. También, aprovechó el micrófono para animar a las compañías a que apuesten por elencos mixtos, porque las diferentes capacidades "no deberían de ser un impedimento para poder ser contratado".

Así, desde la Fundación Repsol buscan reivindicar el papel profesional de las personas con discapacidad en el mundo de la interpretación. El teatro que comenzó en Madrid ha logrado ampliarse a otras ciudades españolas como Tarragona, Bilbao, Cartagena y A Coruña, por lo que, en la última década, han participado más de 10.000 personas, con y sin discapacidad.

Para estos actores la interpretación no es únicamente una oportunidad laboral sino un avance en su vida personal. El director Xabier Olza lo sabe de primera mano, porque es quien trabaja con ellos cada día: "Encima del escenario se ven muy recompensados en lo que hacen, reciben admiración y aplausos y, por otro lado, desarrollan la imaginación y la escucha al tiempo que van creando ellos mismos las escenas.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Repsol Antonio Calçada hizo un discurso más terrenal. Separó lo ideal de lo real; las decisiones éticas de las empresariales. Y explicó, desde su experiencia, cómo el mundo social y empresarial puede ir de la mano: "Una compañía no va a ser menos por ser social, pero también la parte social tiene que conquistar a la parte empresarial".

Así ocurrió en su caso, cuando decidió romper barreras y no solo cumplir el objetivo legal de integrar en su plantilla a un 2% de personas con capacidades diferentes sino ir más allá. "No quisimos poner un límite, no sabemos si ese porcentaje es mucho o poco, pero sí, el mínimo". Con ese espíritu, explica cómo al cabo del año y medio lograron un 4,5% de integración.

A pesar de los avances, Blanca Marsillach insiste en su propuesta: "Nos gustaría que hubiera un decreto que obligue contratar a una persona con una circunstancia determinada, porque como dice Calçada: todos tenemos algún tipo de discapacidad".

Con el propósito de mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad, en 2014 se aprobó en España la Ley General de Discapacidad (LGD), que sustituía la entonces vigente Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Según el artículo 42.1 de la LGD, aquellas empresas públicas y privadas que emplean a 50 o más trabajadores (cómputo total de empleados) están obligadas a que, al menos, el 2% de éstos tengan el certificado de discapacidad (porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%).