El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado este miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le solicita celebrar "una reunión con carácter de urgencia" para hablar, según ha afirmado esta mañana, de la "represión" del movimiento independentista en Cataluña, después de las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del 'procés' del Tribunal Supremo.

En la misiva, alega que, una vez ha finalizado el ciclo electoral --los comicios generales, europeos y municipales--, hay que abordar los asuntos que afectan a los dos gobiernos y que son "más candentes que nunca".

"Conviene que abordemos las cuestiones más urgentes y trascendentes de acuerdo con los mandatos electorales que hemos recibido cada uno", concluye Torra, que asegura tener disponibilidad absoluta sobre la fecha y el lugar del encuentro.

"Nos acaba de decir el Fiscal que somos una organización criminal, nos están pidiendo penas de más de 70 años, tenemos gente en el exilio, la represión no para. Esto es lo que se debe resolver. Quiero pedirle a Sánchez una reunión urgente para hablar de esto, para hablar de esta situación", ha afirmado Torra la mañana de este miércoles, antes de enviar la carta, en una entrevista de TV3.

Torra ha insistido en que el Gobierno de Sánchez está "incumpliendo" el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que pidió la libertad de los presos soberanistas, por lo que cree que deben abordar este tema inmediatamente.

El presidente de la Generalitat ya envió una carta a Sánchez la semana pasada donde le pedía que emprendiera las "acciones necesarias" para liberar a los presos independentistas, de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Como respuesta, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, calificó de "despropósito" la misiva, y acusó el presidente del Govern de "desconocer absolutamente" el repartos de poderes en "una democracia consolidada". Celaá también remarcó que el poder judicial es quien tiene que decidir sobre esta cuestión "y no el ejecutivo".

En la entrevista a TV3, Torra ha insistido en la necesidad de abrir vías de diálogo con la Moncloa. Eso sí, para hablar de autodeterminación y con condiciones de "mínimos" como por ejemplo la figura del relator, y que el ejecutivo español concrete qué propuesta tiene para Cataluña.

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha advertido de que los partidos independentistas en el Congreso tienen que votar en contra de la investidura de Sánchez, en caso de que el PSOE no acepte las condiciones que ponen ERC y JxCat: "Tienen que actuar como hicieron con la tramitación de los presupuestos, si ahora tampoco se cumplen las condiciones la votación será la misma", ha asegurado.

Torra también ha garantizado que la decisión de convocar elecciones al Parlament será solo suya y no del expresidente y líder de JxCat, Carles Puigdemont.

Por otro lado, ha insistido en que el cabeza de lista de ERC a Barcelona, Ernest Maragall, tiene que ser alcalde, pero con un gobierno independentista, y ha reiterado que hay una mayoría social en Cataluña a favor de la independencia después del ciclo electoral del 28-A y el 26-M.

Torra ha alertado de que hay una "operación de Estado" para evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista, por lo que ha pedido a todos los partidos independentistas que respondan formando gobiernos municipales comprometidos con la independencia.

"Hace falta una respuesta de país. La fórmula que yo pido a todos los partidos independentistas es que haya alcaldes y gobiernos independentistas", ha reiterado.

Considera que las elecciones municipales han dado una victoria al independentismo, de manera que espera que los gobiernos municipales que se formen lo refleje: "Me gustaría que la foto general del país sea que hemos ganado muchas más alcaldías de las que teníamos y que el independentismo gobierna en muchos ayuntamientos y diputaciones catalanas".

Asimismo, Torra ha subrayado que quiere escuchar las propuestas de los partidos y entidades para afrontar la respuesta a una eventual condena por el 1-O.