El juicio del procés podría quedar visto para sentencia a mediados de junio. Así será si se cumple el calendario judicial previsto, que incluye un último día de declaración de testigos —el próximo lunes, con 15 personas citadas—, la prueba pericial, la documental, los informes finales y la última palabra.

La Sala Segunda del Supremo ha establecido este jueves que los próximos 22 y 23 de mayo se desarrollará la prueba pericial, que incluye, entre otras cosas, la ratificación de varios informes relativos a gastos del referéndum del 1-O; de las lesiones sufridas por varios agentes; y hasta un estudio sobre una entrevista al exconseller Joaquim Forn. La prueba documental ha quedado fijada para los días 27, 28 y 29 de mayo.

Las partes se encuentran a la espera de conocer si el Tribunal concede permisos a los cinco presos que resultaron electos en las elecciones del 28-A —Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sánchez—, para que el 20 de mayo o alguna de las jornadas anteriores acudan a las Cámaras a tramitar sus acreditaciones.

La primera prueba pericial ha sido propuesta por la Fiscalía y tratará de determinar los fondos públicos destinados al 1-O; se ha citado para ratificar el informe a los funcionarios de hacienda María del Carmen Tejera, Sara Izauierdo y Teresa Hernández Guerra.

Le seguirá una pericial propuesta por la Abogacía del Estado sobre un informe emitido el 29 de octubre de 2018 por la Intervención General del Estado a solicitud del Juzgado número 13 de Barcelona, que ha procesado a una veintena de altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O. Se ha llamado para ratificarlo a la subdirectora de Estudios de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega.

A propuesta de la defensa del expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, se ha citado el día 22 a las 12.30 horas a Jhon Paul Lederach y Jesús Castañar, para ratificar un informe sobre "análisis estratégico del procés"; para la tarde se prevé la ratificación de otros dos informes.

El primero de ellos, a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, supone la citación de los peritos de Segipsa e Ibertasa Carlos Javier Irisarri y José Manuel Cámara sobre valoración de los locales empleados como centros de votación el 1-O.

La última prueba pericial del próximo miércoles, a propuesta de la defensa de la exconsellera Dolors Bassa, versa sobre el posible valor de uso por arrendamiento de los inmuebles en los que se celebró el referéndum del 1 de octubre de 2017. Acudirán los peritos Jordi Duatis y Joan Güel i Roca.

Ya el jueves 23 la sesión se iniciará con otra pericial de la Fiscalía en relación con la traducción de una entrevista realizada a Forn y para la que se ha llamado a un sargento de la Guardia Civil.

Le seguirá otro informe solicitado por el Ministerio Público sobre el análisis de los documentos incautados al que fuera número dos de Junqueras Josep María Jové y al también exalto cargo de Economía en la Generalitat Lluis Salvado, para lo que se ha citado a otros dos miembros del instituto armado.

A las 11.00 horas de ese día se praticará una pericial médica propuesta por Junqueras y Romeva sobre las lesiones sufridas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha citado a los peritos Xavier Crusi y Ferrán Caballero para que ratifiquen su informe al respecto.

Después, los siete magistrados podrán escuchar a los peritos de un informe filológico propuesto por Forn en relación con la traducción al castellano de un informe policial; y ya para la tarde se ha citado a José Navarro y Ruben Pujol para ratificación de su informe sobre la titularidad y gastos de la web referendum.cat.

Los testigos del juicio comenzaron a comparecer en febrero. Por la Sala han pasado, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el lehendakari Iñigo Urkullu; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; varios mandos y agentes de Policía, Guardia Civil y Mossos; y votantes del 1-O.

En total, casi 600 personas que han ofrecido sus testimonios sobre los hechos relacionados con el procés que se juzgan en el Alto Tribunal. El presidente del mismo, el juez Marchena, ha destacado en estos tres meses por su peculiar forma de conducir el proceso y de mantener el orden ante posibles salidas de tono.

De hecho, el pasado martes, fuentes de la Sala expresaron el "profundo malestar" de los siete magistrados del tribunal por la estrategia de defensa que ejercen Benet Salellas, Marina Roig y Áles Solá -defensores de Cuixart- y por la actitud de los testigos citados ese día, muchos abogados, que tildaron de "provocación".