El pasado 16 de abril el Parlamento Europeo aprobaba una resolución legislativa que persigue interconectar las bases de datos utilizadas en materia de protección de fronteras y ampliarlas con un repositorio de datos biométricos para las personas no comunitarias que se encuentren dentro de la unión y para aquellos ciudadanos europeos que crucen las fronteras exteriores.

El reglamento ha sido bautizado como "interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión Europea en el ámbito de las fronteras y los visados". Se trataría de la culminación de un proceso que comenzó en el año 2016, cuando la Comisión Europea expresaba su intención de "mejorar la arquitectura de gestión de datos de la Unión para la gestión de las fronteras y la seguridad". En un sentido amplio, apuntaba a la unificación de las numerosas bases de datos relativas al tránsito de personas por las fronteras, de manera que todos los cuerpos de seguridad implicados puedan consultarlas y utilizar sus datos.

Así, el texto subraya que se trata de un "nuevo planteamiento" para que "todos los sistemas de información de la UE para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración serían interoperables sin menoscabo alguno de los derechos fundamentales". Una interoperabilidad que, defiende el texto, es necesaria para mejorar "la efectividad y la eficiencia de las inspecciones en las fronteras exteriores", para contribuir en la prevención y combate de la inmigración ilegal y "mejorar [...] la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves", así como "ayudar a identificar a las personas desconocidas que no puedan identificarse o los restos humanos sin identificar en caso de catástrofes naturales, accidentes o atentados terroristas".

Con todos esos objetivos, la resolución cimenta la creación de "un portal europeo de búsqueda (PEB), un servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB compartido), un registro común de datos de identidad (RCDI) y un detector de identidades múltiples (DIM)", que puedan ser consultados junto a los datos de Europol. 

En particular, la idea de crear "un servicio de correspondencia biométrica" implicaría el desarrollo de una herramienta que permita a los agentes la consulta de las bases de datos europeas que ya contienen este tipo información (perfiles de ADN, impresiones palmares o dactilares, imágenes faciales) junto con información biográfica básica a fin de poder identificar eficazmente a las personas afectadas. Además, un detector de identidades múltiples, en virtud de estos datos, facilitará a los guardias fronterizos distinguir casos de identidades falsas o documentación fraudulenta.

La implementación de los sistemas que describe la resolución, debido a su ámbito de aplicación centrado en las fronteras exteriores, afectará principalmente a las personas extracomunitarias, ya que permitirá una detección rápida de aquellas que se encuentren en una situación irregular, como por ejemplo permanecer dentro de la UE más allá de la fecha de caducidad del visado que posean.  No obstante, también entrarán en este sistema los ciudadanos europeos que viajen fuera de la UE, una cuestión que podría entrar en conflicto con las normativas comunitarias en materia de protección de datos.

Precisamente, el reglamento permite a las autoridades policiales de un estado miembro acceder a los datos recabados por otra administración sin una autoridad judicial mediante. Así, los agentes tendrán acceso no sólo a la información biométrica o biográfica, sino también a todos los datos relacionados con el tránsito entre estados de cualquier persona en el sistema, lo que permitiría, por ejemplo, marcar a aquellas personas que procedan de o que viajen a determinados países.

Por ahora este reglamento (aprobado en el Parlamento con la única oposición del Partido Verde Europeo y de Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica) no se encuentra en vigor, pues aún debe ser adoptado por el Consejo de Europa, firmado por las presidencias del Parlamento y del Consejo y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Posteriormente, se comenzará a elaborar toda la infraestructura técnica necesaria para la adaptación de las herramientas a modificar y la creación de las nuevas, por lo que pasarán algunos años hasta que su aplicación se haga efectiva.