El exdirector de los Mossos Albert Batlle, que dimitió meses antes del 1-O por su "incomodidad" con la deriva independentista y por temor a las "presiones" que pudiera recibir, ha blindado en el juicio del procés al mayor Josep Lluis Trapero al manifestar que éste no habría aceptado "ninguna intromisión" por parte del poder político.

Batlle ha sido el último de los 276 testigos que han comparecido a petición de las acusaciones, ya que este mismo miércoles por la ha arrancado el turno de la prueba testifical propuesta por las defensas de los 12 líderes independentistas.

El plato fuerte de la jornada ha sido el exdirector de los Mossos, que ha respaldado la figura de Trapero, después de que él fuera quien propusiera al exconseller Jordi Jané que recuperara la figura de mayor en los Mossos, vacante desde 2007. "Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial, no hubiera aceptado de ninguna de las maneras ninguna intromisión por parte del poder político", ha subrayado Batlle, que ha resaltado la "sintonía" que tuvo con el mayor y con la Prefectura de los Mossos durante aquella época.

Con la llegada de Joaquim Forn a Interior en julio de 2017, Battle presento su dimisión, que más allá de motivos personales y familiares estuvo enmarcada por la "incomodidad" que sentía sobre cómo podían "evolucionar las cosas", habida cuenta de que la pregunta y la fecha del referéndum ya habían sido presentadas. Una incomodidad que era compartida con el conseller Jané ante el "cariz que tomaban los acontecimientos".

"No solo lo comuniqué sino que en muchas ocasiones lo compartí con el señor Jané", ha dicho. Ahora bien, ha dejado claro que no tenía "ninguna duda" de que los Mossos cumplirían la ley y las órdenes judiciales y de la Fiscalía, "otra cosa" eran las "presiones" que él podría recibir y que le afectaban personalmente, más aun cuando había un sector mayoritario en el Parlament, especialmente la CUP, que pedía su cabeza por sus discrepancias sobre la función de los Mossos.

También ha testificado la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que llegó a estar imputada en la causa, para desmarcar a la plataforma de la organización del 1-O. Al respecto, ha explicado que la asociación no pidió a los ayuntamientos adheridos que cedieran locales públicos para las votaciones, sino que únicamente realizaron "una manifestación pública, sin ningún efecto jurídico, de apoyo al referéndum".

Fue el Govern y no la AMI el que pidió a los consistorios que cedieran locales, de la misma forma que la delegación del Gobierno hizo lo mismo pero en sentido contrario al Ejecutivo catalán. La declaración de Joan Ignasi Elena, que fue portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, se ha limitado a señalar lo que ya era conocido sobre esta plataforma destinada a "crear un espacio" con la "máxima pluralidad" posible de organizaciones y partidos, que "compartían un mismo deseo para celebrar un referéndum acordado".

Y ante cualquier sospecha de malversación, Elena, que ejerce de portavoz de ERC en el juicio, ha negado que el Pacto recibiera fondos públicos para financiar sus actividades, ya que "se cuidó muy mucho de que todas las aportaciones fueran de la mano de las entidades y los ciudadanos".

Ya por la tarde, los primeros testigos de las defensas han centrado sus intervenciones en la concentración del 20-S en Economía, primero con Jordi Solé, eurodiputado de ERC que fue testigo directo de los hechos, y Anna Teixidó, jefa de protocolo de la Consellería. Solé ha rebajado el tono de lo ocurrido aquel día. "No vi ninguna amenaza, ninguna agresión, no vi ninguna situación de especial tensión", ha dicho salvo un episodio que duró "un par de minutos" cuando la Guardia Civil sacó a un detenido y un grupo de gente les increpó e incluso alguno dio golpes al coche.

Pero eso, ha matizado, "fue puntual y no reflejaba el tono general de la protesta". Su versión contrasta con la que dio el responsable del operativo de Economía, quien afirmó que se vivió un "ambiente muy agresivo" con riesgo de asalto, intento de "sustraer" a un detenido, "rabia descontrolada", amenazas de muerte y "lluvia de golpes" a los coches de la Guardia Civil.

Teixedó, presente en el Departament hasta las tres de la mañana, asistió a algunas reuniones, como en la que se planteó la posibilidad de desconvocar la concentración, en la que los Jordis dudaron de si eran "referentes para la gente" congregada. Finalmente, lo hicieron desde encima de los vehículos de la Guardia Civil.

De lo que no fue testigo es de ningún intento de asalto al edificio pero sí de cuando Jordi Sànchez, de quien le sorprendió su rol de interlocutor, ofreció que el exdiputado Lluis Llach acompañara a la secretaria judicial para salir del edificio por la puerta principal, una opción descartada de plano por la letrada y la Guardia Civil.

Por otro lado, el presidente no ejecutivo de Unipost Anton Raventós ha señalado que ni él ni su primo Pau, máximos responsables de la empresa, sabían que el material electoral del 1-O estaba en la nave central de Terrasa (Barcelona), pese a que un directivo fue a recogerlo personalmente. Raventós ha explicado al tribunal que se enteró por la prensa de la incautación por la Guardia Civil del material electoral, como también le ocurrió al entonces director general, Pau Raventós.

Eso contradice la versión de la Guardia Civil que en un informe al juzgado del 1-O señala que un ex alto cargo del Govern consensuó con Pau (imputado en este juzgado) una guía sobre cómo actuar si las autoridades les pedían explicaciones sobre esos encargos.

Pero este miércoles su primo ha dicho que no sabían nada. "Lo comentó en el Consejo de Administración, él dijo que no sabía que había material electoral dentro de la nave", ha apuntado Antón, en línea con lo manifestado por otros empleados, que no supieron que ese encargo eran para el referéndum hasta el registro del 19 de septiembre.

Tampoco el responsable financiero Xabier Barragan sabía de la existencia de este encargo de 5,6 millones de tarjetas censales y 56.000 certificaciones, pero si de las cinco facturas proforma por casi un millón de euros que se generaron dentro de un contrato marco con cinco departamentos de la Generalitat.