Desde comienzos de año, las costas canarias han recuperado una decena de cetáceos muertos por colisiones con embarcaciones que han sido arrastrados por sus aguas. La mortandad de la fauna marítima protegida de la zona se produce debido al impacto con buques de pequeña y gran eslora y los documentos científicos alertan de la urgencia y la gravedad de la situación.

Los informes realizados hasta el momento alertan de que la cifra media de muertes por esta causa es tan solo de 2,5 cetáceos al año, eludiendo un margen de error muy grande al no contabilizar los animales fallecidos en las costas. "Esto no es ni la punta del iceberg", asegura Alejandro Quintana, abogado especializado en derecho medioambiental a 20minutos. "No solo es una catástrofe medioambiental, sino que también supone un peligro para la navegación".

El problema es mucho mayor, ya que no existe un protocolo específico anticolisiones por cetáceos que establezca unas pautas para que los estados miembro de la Organización Internacional Marítima (OIM) reduzcan el riesgo de colisión con cetáceos. "Cuando un capitán de la marina avista un tronco, existe un protocolo y no lo hay para cetáceos. Es un sinsentido", afirma Quintana.

El abogado presentó en el Parlamento una enmienda para la Ley de Transporte Marítimo con la que solicitaba la creación, en un periodo no mayor a seis meses, de un protocolo para la prevención del problema. La reivindicación no se aprobó por la negativa de Coalición Canaria y el PSOE. "A los cuatro días apareció un cachalote muerto", sentencia.

La implantación de medidas para la reducción del impacto de las embarcaciones en la zona es de carácter urgente y deben ser prioritarias, señala Natacha Aguilar, bióloga marina y doctoa en la Universidad de La Laguna a este medio. Aguilar presentó en el congreso internacional de Áreas Protegidas de Mamíferos Marinos celebrado en Grecia las posibles medidas que propone para esta situación tan alarmante.

"Lo importante no es buscar culpables, sino actuar de forma responsable, con directrices gubernamentales, para compatibilizar el uso humano de la mar con la supervivencia de la fauna protegida que lo habita", apunta la doctora. Las normas serían complejas, ya que deberían adaptarse a las características de los distintos tipos de tráfico que pueden chocar con los cetáceos. Su efectividad radicaría en evitar las zonas de mayor concentración de animales y la reducción de la velocidad en esos lugares.

Además, Aguilar propone enfocar la reducción del impacto en la formación de los navegantes. Esta enseñanza ya se encuentra incluida de forma pionera en el programa formativo de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Náutica de la Universidad de La Laguna, donde los futuros oficiales de buques aprenden los aspectos legales y técnicos de las colisiones, además de otros aspectos prácticos que priorizan tanto la seguridad marítima, como la de la fauna protegida.

"Es normal que en Canarias exista un problema de colisiones, porque alberga la mayor riqueza de cetáceos de España, y esto coincide con un elevado tráfico marino, pero las colisiones con cetáceos de gran tamaño añaden un problema de seguridad marítima, dado que el barco y la tripulación pueden sufrir daños e incluso naufragar", añade Aguilar.

La zona Teno-Rasca, localizada en el mar del archipiélago canario es un espacio donde se concentran más de 30 individuos por metro cuadrado y su vulnerabilidad ha provocado que la directiva europea la reconozca como uno de los puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial y tenga la obligación de ofrecer la máxima protección a los hábitats de estas especies.

Por encima del lugar, pueden navegar un total de 70 barcos con licencia. El amplio número de embarcaciones que realizan actividades en una zona tan sensible puede resultar sorprendente. La principal causa de este hecho se debe a que no se ha realizado el estudio de capacidad de carga necesario para obtener el permiso de manera totalmente legal.

"Si tenemos un recurso limitado, finito y frágil que se degrada si lo sobrexplotas es lo primero que tienes que realizar: un estudio de carga para medir cuanta carga propogénica puede asumir este recurso natural", explica Quintana. "Es algo que tenía que haberse hecho hace 24 años".

Los buques con posibilidad de navegar para ver cetáceos tienen una bandera que otorga la Consejería al comprobar que el vehículo cumple con todos los requisitos medioambientales tras revisar el estudio, asunto del que se encarga el Ministerio Medioambiental. La falta de comunicación entre ambas instituciones supone que la Consejería otorgue la bandera sin antes comprobar la situación del barco.

El sector de actividades marítimas mueve en las Islas Canarias un total de 400 millones de euros al año, pero los beneficios recaen sobre todas las embarcaciones ilegales que, según el abogado Quintana, no pagan a hacienda, no tienen seguro y no pagan cotizaciones a la Seguridad Social al no realizar nuevos contratos. "El intrusismo en este sector es salvaje".

Las colisiones con barcos continúan ocurriendo independientemente de la acción que se realice y afectan a todos los cetáceos. Normalmente, en las costas es más común encontrarse con cachalotes, ya que la gran cantidad de grasa de su cabeza y la cavidad pulmonar hacen que floten y sean más visibles que el calderón tropical, que cae al fondo del mar al ser mutilado.

"En un santuario de cetáceos no puedes ir a la velocidad que te de la gana. Tienes que adaptar las actuaciones a los criterios de conservacion medioambientales", declara el abogado en derecho medioambiental.

Además del riesgo por colisión, la fauna marina canaria experimenta una gran cantidad de amenazas medioambientales. La colonia de delfines se ha visto reducida y la de calderones tropicales sufre estrés crónico como consecuencia del acorralamiento y las persecuciones. Las ballenas son continuamente perseguidas y no tienen estado de reposo, afectando a su capacidad de alimentación, reproducción y otros hábitos. Todos los animales de la zona tienen casi el doble de cortisol en su cuerpo, la hormona del estrés.

"Un calderón de aleta corta tuvo que ser sacrificado hace unas semanas por un corte que seccionó su cola, consistente con una hélice", explica la bióloga de La Laguna.

La Guardia Civil presentó hasta el año 2018 alrededor de 70 denuncias al Ministerio de Medioambiente. La institución no tramitó ninguna de ellas, alegando no tener competencia, a pesar de tenerla desde el año 2007. Para Quintana, el problema recae en la inexistencia de un procedimiento administrativo específico para este tipo de denuncias, aunque confiesa que en realidad no sería necesario y denuncia la actuación como un delito de dejación de funciones.

Natacha Aguilar no comprende que la puesta en marcha de nuevas líneas de tráfico de ferris de alta velocidad en Canarias, atravesando Zonas de Especial Conservación (ZEC) protegidas a nivel europeo por sus poblaciones de tortugas marinas y cetáceos, no requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La doctora apunta que la solicitud de este EIA determinó que en un archipiélago de Hawái similar al canario, no fueran viables los ferris interinsulares de alta velocidad.