Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, analiza para MiBolsillo, el suplemento económico de 20minutos, diversos temas de actualidad y ofrece recomendaciones fiscales. La declaración de la renta, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida o la brecha salarial entre hombres y mujeres son algunos de los asuntos en los que Cruzado se moja.

¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de hacer la declaración de la renta?

El error fundamental es no repasar el borrador, no comprobarlo debidamente. Muchas personas que están esperando la devolución ven el borrador y le dan al clic en la aplicación de la Agencia Tributaria en el móvil y ni lo comprueban. Puede ocurrir que no se incluyan deducciones autonómicas, no haber comprobado la titularidad de los bienes e inmuebles si ha habido algún cambio que no ha recogido el borrador, si hemos tenido el nacimiento de algún hijo y no está incorporado… Son errores frecuentes que suponen pérdidas importantes.

¿Otros desatinos o pifias clásicas?

Si atendemos a la deducción por adquisición de vivienda que todavía está pendiente para quienes la venían disfrutando antes del 1 de enero de 2013 a veces se incluyen deducciones cuando no se está habitando la vivienda, es una segunda vivienda, sin tener derecho. La Agencia Tributaria lleva unos años controlando esta circunstancia con sorpresas desagradables para quienes lo incluyen. Por tanto, hay que repasar bien el borrador, fijarse en las deducciones autonómicas, que son cerca de 300 en toda España y en función de nuestra residencia las hay muy variadas: de naturaleza familiar, por inversiones, por alquiler, que desapareció a nivel estatal pero se mantiene a nivel autonómico excepto en Murcia, es conveniente comprobarlo. En Madrid ha surgido la polémica porque se ha incluido un requisito nuevo para acceder a la deducción por alquiler para menores de 35 años que es haber pagado el Impuesto de Transmisiones, algo que en los contratos de arrendamientos a veces se descuida y esto es importante comprobarlo.

¿Cuáles serán las principales peticiones o reclamaciones que harán al próximo ministro o ministra de Hacienda?

Estamos insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de que se ataje con voluntad política y con más medios el problema del fraude fiscal, que tiene una la cifra muy elevada en España. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía sumergida en nuestro país es del 22,01% del PIB, lo cual en comparación con los países de nuestro entorno europeo es muy elevado. Triplicamos a Alemania y casi duplicamos a Francia. En este sentido, es evidente que hay mucho por hacer y la Agencia Tributaria debería tomar cartas en el asunto, dotarse de más medios y desplazar la lupa hacia grandes corporaciones y grandes patrimonios que entendemos que se está trabajando en menor medida. Para todo ello es necesario una reforma profunda del sistema fiscal español, que data de 1977. Hasta ahora ha sufrido mucho parcheo, pero sigue teniendo muchos agujeros.

¿En qué grandes puntos deberían estar de acuerdo los principales partidos políticos para llegar a un pacto de Estado para combatir el fraude fiscal?

Ese pacto de Estado lo viene reclamando la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que Gestha forma parte. Consideramos fundamental establecer un plan de emergencia de lucha contra el fraude para que en cinco años se lograra reducir sustancialmente el diferencial de presión fiscal que tenemos con la media de la Unión Europea. En esa media estamos entre 5 y 6 puntos por debajo y eso supone 80.000 millones de euros que no estamos recaudando pero que sí deberíamos hacerlo. Este diferencial tan elevado se corresponde con la economía sumergida y el fraude fiscal. En relación con los paraísos fiscales el Gobierno debería establecer una lista negra que establezca sanciones a los países que incumplan y no sean homologables y permitan irregularidades desde un punto de vista fiscal.

¿Alguna petición más?

Estamos reclamando también mayor responsabilidad de los cargos políticos, que se comprometan a incompatibilizar su cargo con cualquier utilización de elementos de elusión fiscal como puedan ser sociedades off shore en paraísos fiscales. También es importante la responsabilidad de las empresas que utilizan sociedades en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. La legislación de contratos debería establecer sanciones y controles a esas empresas.

Si hay 80.000 millones de euros que no se están recaudando porque hay demasiada economía sumergida y fraude fiscal, y si consideran que Hacienda debería poner la lupa en controlar a los grandes patrimonios, ¿se dan facilidades en España a los defraudadores para combatir el fraude fiscal?

Desde el punto de vista legislativo hay muchos agujeros. Las SICAV, que no hablamos de fraude sino de elusión fiscal, son legales pero se están utilizando por personas individuales o familias para, utilizando ese mecanismo de inversión colectiva, demorar el pago de impuestos. Hay muchas posibilidades en el Impuesto de Sociedades, opciones para que quienes tienen importantes patrimonios no declaren. Tanto el presidente Pedro Sánchez como en su momento el ex presidente José María Aznar han coincidido en decir que los ricos no pagan el IRPF. Y vemos que siguen sin ponerse esos remedios para que esto no ocurra.

¿De los 15.000 millones de euros que deben a Hacienda los más de 4.000 deudores que figuran en la lista de morosos cuánto se va a cobrar por parte de Hacienda? ¿Mucho, poco o nada?

Se cobrará muy poco. La lista es de deudores, aunque también hay defraudadores. Principalmente vemos sociedades inactivas, prácticamente quebradas, muchas vinculadas al ladrillo en situación concursal. Un porcentaje muy alto de esta deuda no se cobrará. Nosotros sí consideramos que debería darse publicidad a la lista de defraudadores.

¿Por qué Hacienda solo logra cobrar el 30% de las multas y recargos que impone?

En Hacienda es cierto que hay un grave problema y es la deuda pendiente. Llegó a ser de 50.000 millones de euros y se ha ido reduciendo algo. Es un tema importante. Entendemos que se deben dotar más medios a la inspección y mejorar los procedimientos para que se eviten estos problemas. Muchas actas son rechazadas ya en los tribunales económico-administrativos, un órgano del Ministerio de Hacienda. Y luego ya en los tribunales, en segunda fase. Esas multas no se cobran de forma legal al ser anuladas las actas.

Hacienda parece el malo de la película pero ¿qué podría ganar la sociedad si todo el mundo pagara los impuestos que corresponde?

Cada español paga 2.000 euros al año por lo que otros no pagan. La economía sumergida es casi del 25% del PIB, unos 80.000 millones de euros. Rebajar a cero la economía sumergida y el fraude es ilusorio, en todos los países hay fraude fiscal, pero en España sí se podría y debería reducir en entre 10 y 12 puntos porcentuales, que supondría unos 40.000 millones de euros. Es una cuantía casi igual al gasto público en Educación. O por ejemplo es más de lo que pagamos por intereses de la deuda, que está en torno a 30.000 millones de euros. Antes que subir impuestos se debería tratar de recaudar esos 40.000 millones de euros. Según el CIS, el 95% de los españoles creen que existe mucho o bastante fraude, y el 65% cree que no se hace lo suficiente por parte de la Administración por combatir el fraude.

¿A cuánto asciende la brecha salarial entre hombres y mujeres y va a más o a menos?

En la última década se ha ido reduciendo, pero de una manera tan lenta que a este ritmo necesitaríamos 87 años para acabar con la brecha salarial. Las mujeres cobran casi 4.900 euros menos al año que los hombres en España. Es un tema preocupante. Hay que tomar medidas por ejemplo en la posición de la mujer respecto a la maternidad, donde hay un mayor diferencial en cuanto a ingresos respecto a los hombres, pero también en una edad más tardía cuando se produce el cuidado de personas mayores o de personas con discapacidad. La igualdad en los permisos de paternidad y maternidad es una mejora pero habría que tomar otras medidas para evitar esta situación. En la edad de la jubilación el incremento de la brecha es todavía mayor.

Entre el sector del taxi y de las VTC existe una batalla jurídica y social. Una de las polémicas es quén tributa más. ¿Nos pueden aclarar quién paga más o menos impuestos?

Los taxistas siempre han puesto sobre la mesa que las VTC pagan menos impuestos porque tienen su domicilio social en territorios de baja tributación. Eso es correcto cuando se trata de grandes multinacionales, pero es incorrecto cuando se trata de autónomos o conductores de VTC particulares. De hecho, estos autónomos de VTC tributan de forma directa mientras que los taxistas están en el régimen de módulos, que se corresponde con unos elementos objetivos. En función de los kilómetros que recorren al año se establece una tributación objetiva. Para el taxi este régimen de módulos es muy beneficioso porque pagan muy poco Impuesto sobre la Renta en un recorrido medio anual de kilómetros. El diferencial respecto a un autónomo de VTC es importante a nivel anual. Si comparamos conductos taxistas con conductos de VTC autónomos estos últimos pagan más impuestos, otra cosa es el caso de las grandes multinacionales de VTC, que tienen muchas licencias y en algunos casos tributan fuera de España.

Uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué se puede hacer para mejorar sus ingresos y que sea sostenible para el Estado?

Se decidió desde el Gobierno no actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC y eso derivó en que los pensionistas se empobrecieran y una buena parte de ellos se manifestara en las calles. El nivel de desempleo que hemos tenido, con la caída de las cotizaciones sociales, ha derivado en un déficit importante en la Seguridad Social. Entendemos que en tanto se va solucionando el problema del empleo y la precariedad laboral, el Estado debería de compensar ese déficit a través de impuestos para que los pensionistas reciban mejores retribuciones.

Carlos Cruzado considera que los impuestos que no se deberían rebajar son los directos, si se quiere aspirar a una mayor «justicia social». Los directos son, principalmente, el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, el de Sociedades o el de Sucesiones y Donaciones. En cuanto a los indirectos, el principal es el IVA, que grava el consumo al aplicarse sobre la mayor parte de las compra-ventas y prestaciones de servicios, pero también están el Impuesto sobre el alcohol y el tabaco, o el de hidrocarburos.

¿Cree que se deberían subir los impuestos al alcohol y el tabaco? ¿Y establecer uno a las bebidas azucaradas?

El alcohol y el tabaco ya tienen impuestos elevados y respecto a las bebidas azucaradas se está hablando por un tema de salud. Estos impuestos en principio serían para mejorar la salud de los ciudadanos, pero es cierto que al final estamos hablando también de recaudación. Habría margen para subirlos, sí. Son impuestos indirectos, que siempre son regresivos. El 86% de los españoles, según una encuesta del CIS, consideran que el sistema fiscal no es justo, que no pagan más los que más tienen. Todo eso está relacionado con la caída proporcional de los impuestos directos.