El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que establece que la empresa Ence debe pedir licencia municipal para hacer obras en su complejo industrial, un fallo que ratifica la paralización de unos trabajos por parte del ayuntamiento y señala que estos no tienen cabida en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

De ello ha informado este viernes el portavoz del gobierno local de Pontevedra, Raimundo González, quien ha calificado de "demoledora" la sentencia del Alto tribunal gallego, que da la razón al Consistorio por unas obras paralizadas en 2016 en la zona de pesaje de camiones y en las balsas de decantación.

El gobierno municipal, tras una inspección urbanística, decretó la suspensión de estos trabajos por falta de licencia y abrió un expediente para obligar a Ence a reponer la legalidad.

La compañía pastera alegó entonces que el Plan Sectorial les eximía de solicitar la licencia urbanística municipal, un argumento que rechaza el TSXG al indicar que las actuaciones ejecutadas no figuran en este Plan de Incidencia Supramunicipal y que, además, lo incumplen al invadir espacios reservados para viales, zonas protegidas ambiental y paisajísticamente por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y terrenos de dominio marítimo-terrestre que no podían ocupar bajo la autorización supramunicipal.

Para el Ayuntamiento de Pontevedra, la sentencia es "demoledora" contra los intereses de Ence y demuestra el incumplimiento "manifiesto" de la legalidad vigente por parte de la compañía pastera y el "amparo" que recibe desde la Xunta de Galicia para hacerlo, ya que "no le preocupa" que se incumpla la normativa autonómica y "sólo le interesa defender a la empresa de celulosas como si fuese su Consejo de Administración".

AUDIENCIA NACIONAL

Por otra parte, Ence ha hecho público este viernes una resolución judicial de la Audiencia Nacional que otorga plazo a esta compañía y a su comité de empresa para que formulen contestación a la demanda del Ayuntamiento de Pontevedra sobre la prórroga de la concesión de la fábrica de Lourizán.

El tribunal ha decidido no asumir de entrada los postulados del allanamiento del Estado, cerrando ya el proceso en los términos que solicitaban los recurrentes (es decir, con la anulación de la prórroga) y permitirá a Ence defender la legalidad de la concesión otorgada en 2016.

La compañía considera que esta decisión de la Audiencia Nacional constituye una "buena noticia para las más de 5.000 familias de Galicia, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de la biofábrica de Pontevedra".

El proceso sigue adelante, aunque ahora "Ence no cuenta ya con la defensa de la Administración General del Estado y, por lo tanto, su posición es menos sólida que hace unos meses", admite la dirección de la pastera.