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Sede del Tribunal Supremo EUROPA PRESS - Archivo

El Tribunal Supremo ha condenado a 17 años y 7 meses de cárcel al expárroco de Megabril (Badajoz) por abusar sexualmente de dos chicos de 12 y 13 años de edad y a ha aprobado 4 años de prisión a los padres de uno de ellos porque conocieron y consintieron los hechos.

A los padres del chico, Florian C. y Doina P., de nacionalidad rumana, además de condenarlos a cuatro años de prisión, se les priva de la patria potestad por un delito de abuso sexual cometido por omisión.

La Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la condena dictada por la Audiencia de Badajoz contra José Donoso Fernández por dos delitos de abuso sexual con prevalimiento, es decir, aprovechar una situación de superioridad.

En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana Ferrer, el tribunal subraya la "inacción de quienes estaban obligados a actuar en defensa de un bien jurídico tan relevante como la libertad e indemnidad sexuales de un menor de edad y, con ellas, de su libre formación como persona".

El Supremo entiende que si hubiesen actuado habrían evitado los abusos, por lo que considera que "esta inacción es reveladora de la voluntad de cooperar a la producción del resultado producido, que dadas las circunstancias solo podía producirse con su aquiescencia y su abstención de actuar para evitarlo”.

Las investigaciones han aclarado que uno de los niños era monaguillo y la familia del otro dependía "de forma casi completa" de él. La Audiencia de Badajoz probó, en 2013, el relato de hechos en los que el párroco alojó en la casa parroquial a la pareja y poco después también a sus hijos menores de edad, entre los que se encontraba el menor A.M.

Según la sentencia, la familia dependía del párroco, "quien se ocupaba prácticamente de todos sus gastos, alimentación, vestido, estancia y escolares, y de las gestiones burocráticas que éstos habían de realizar”. Al tiempo, otro menor, identificado como P., ayudaba como monaguillo al cura, que impartía catequesis a los niños de la localidad.

Transcurso de los hechos

Ese era el contexto en el que el acusado, al menos una vez, "guiado por un ánimo libidinoso y prevaliéndose de la situación de necesidad de esta familia por él acogida, procedió a mantener relaciones sexuales, cuya naturaleza no está totalmente determinada, con el menor A.M., que entonces tenía 12 años de edad, para lo cual llegó a pasar la noche y dormir con él en la misma cama en una habitación de la casa parroquial de Mengabril".

El Supremo sentencia que los padres eran "enteramente conocedores y consentidores" de tales hechos.

En el caso de la otra víctima, diagnosticado de un trastorno de aprendizaje y un trastorno por déficit de atención, el acusado, prevaliéndose de la situación de superioridad moral que ostentaba sobre él, "lo llevó a uno de los dormitorios de la casa parroquial de Mengabril, se acostó en una cama con él y le pidió que le realizara una felación, cosa que el menor hizo".

Además, se condena al acusado por falsear un documento oficial, ya que adulteró informes de asistencia al colegio y de enfermedad de A.M. para justificar su inasistencia a clase. Y por quebrantamiento de medida cautelar, ya que se comunicó por Whatssap con el mismo niño después de que le fuera prohibido, ya en 2015.

Respecto a las falsificaciones para que no fuera a clase, el Supremo le reprocha haber incidido en la formación integral y libre desarrollo de la personalidad del joven, a la vez de haber conformado un "cerco de aislamiento" sobre el niño, que "incrementaba su vulnerabilidad".

El Supremo rechaza íntegramente los recursos de los tres condenados. La condena incluye una indemnización que deberá pagar el expárroco de 50.000 euros a P., y de 10.000 euros a A.M.