Así lo han asegurado desde la entidad colegial a través de un comunicado, en el que han precisado que esto "difiere abiertamente de la Declaración de Davos, recién suscrita por el Gobierno de España, que reclama la necesidad de fomentar la calidad del espacio construido con un enfoque cultural y urbano y la implicación de la sociedad".

El decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, ha señalado que los objetivos originarios del Plan Especial vigente "encontraban legitimidad en el consenso de la comunidad que, con esta innovación, se ha perdido". En este sentido, ha apuntado que "las presiones turísticas e inmobiliarias son la fuerza motora de esta transformación radical de un mismo patrimonio territorial compartido por la ciudad y su puerto".

Según las alegaciones de la institución colegial, la Autoridad Portuaria justifica la actuación en razón del equilibrio económico que supondría su construcción para las cuentas del Puerto. Así, los arquitectos se preguntan "cuál es el fin público que legítima al Puerto para edificar un rascacielos" y apuntan que, existiendo alternativas para su ubicación en otros ámbitos de la ciudad, "parece discutible que una cuestión de tanto calado para la misma, se entienda oportuna y conveniente por la economía del Puerto".

"La necesidad de aumentar los recursos no es una patente de corso para utilizar una potestad pública para fines desviados del que legitiman su autoridad", indican en sus argumentos.

Asimismo, el Colegio de Arquitectos critica "los incumplimientos y carencias" del documento en relación con el marco legal vigente. En opinión de la institución colegial, dicha "falta de rigor" parece "deliberada", pues "las confusas y contradictorias ordenaciones del viario, edificación y usos, con previsión de modificación posterior a demanda de la concesionaria, confieren al instrumento el carácter de carta abierta susceptible de malinterpretaciones en su gestión y control".

Analizados los contenidos técnicos, la entidad concluye que se trata de un planeamiento "incompleto" en sus documentos al que "le falta" definición en los parámetros numéricos y gráficos "necesarios para sustituir el espacio libre público previsto por un futuro rascacielos".

Asimismo, consideran que "tampoco" acredita la mejora para el bienestar de la población en que redunda esta nueva ordenación, superando el rango de la intervención las posibilidades que deben corresponder a una modificación del Plan Especial del Sistema General Portuario.

El decano de los arquitectos malagueños ha asegurado que este planteamiento "debió someterse a debate público y abierto en demanda de sugerencias antes de llegar a esta fase de aprobación inicial" y que, debido a su "indefinición", resulta "imposible en este momento alegar respecto a la solución definitiva futura que se dé tanto al volumen del edificio como a los usos a los que se destine".

Por otra parte, según Sarabia, la pretensión de que se está ante un cambio menor de la ordenación previa "no es veraz". En su opinión, "el alcance de lo que se propone hace oportuna, cuanto menos, una revisión del Plan Especial en su conjunto".

Según ha indicado la institución colegial, el debate ciudadano debe centrarse en una posición "que no suponga ir en contra de los intereses del puerto, pero sí a favor de la ciudad de Málaga para que no padezca las consecuencias negativas de una decisión mal planteada desde su origen".

"Como ya afirmamos en el pronunciamiento de 2017, el Colegio defiende una intervención en la plataforma del morro precedida y guiada por un enfoque arquitectónico que interprete las necesidades, lugar, tiempo y cultura actuales, creando un nuevo espacio que incluya al máximo todos los valores humanos", ha destacado Sarabia.

En este sentido, ha incidido en que "la fórmula basada en el concurso público de arquitectura es la mejor opción para favorecer la concurrencia de profesionales y alcanzar, así, la excelencia del producto arquitectónico".