La periodista Marina Castaño, viuda del escritor Camilo José Cela, ha señalado en el inicio de la vista que dirimirá si hubo malversación de caudales públicos en la Fundación que honra al Premio Nobel que ella quiso "sanear" la institución y consolidar su permanencia en Galicia.

En la vista que se celebra desde este lunes en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, cuya sede está en Santiago, ha confesado que siempre anheló mantener su carácter privado, pero a causa de la crisis económica, para cumplir el "expreso deseo" de su marido —de que siempre permaneciese en su tierra natal— no había más remedio que entregarla a la Xunta.

Es lo que ha dicho a preguntas del fiscal Álvaro García Ortiz, que demanda cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para Marina Castaño y las otras tres personas acusadas de cometer irregularidades en la gestión económica de esta institución ubicada en Iria Flavia, así como que se indemnice al Gobierno gallego con 150.000 euros.

Además de la viuda del premio Nobel, se sientan en el banquillo el expatrono y exmiembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez, su hija Covandonga Rodríguez y el exgerente de la entidad Tomás Cavanna, este último por el abono de una indemnización de 150.000 euros por un despido que se supone no era tal.

La primera jornada de las cinco que está previsto que dure el juicio, desde el lunes, está reservada para las cuestiones previas y está previsto que declaren también los acusados, entre los que está la hija de Dositeo Rodríguez, Covadonga Rodríguez —que sustituyó al gerente en esa función—.

El juicio dirimirá si hubo malversación en la indemnización, de 150.000 euros, por despido del director gerente de la Fundación en 2010, Tomás Cavanna, que también se sentará en el banquillo de los acusados.

La instrucción que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón se cerró en junio de 2017, cuando se fijó la apertura de juicio oral con tribunal jurado, aunque este aspecto fue recurrido por los acusados y estimado por la instancia superior. De esta forma, la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña les acabó dando la razón y no se juzgará por tribunal jurado.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los cuatro acusados, "con el concurso y participación activa de todos ellos" y "en ejecución de un plan preconcebido" para "conseguir un beneficio económico" a favor de Tomas Cavanna, "simularon un despido con intención de que a éste le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros".

A tal fin, prosigue, Dositeo Rodríguez "se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad concreta imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta".

El despido fue "orquestado" y aprobado por el Patronato de la Fundación el 27 de mayo de 2010, alegando un "despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización según lo dispuesto en el vigente estatuto de los trabajadores".

El 3 de junio del mismo año, en la conciliación celebrada ante la sección provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Covadonga Rodríguez, "en nombre de la fundación y en virtud de un acuerdo previamente concertado con Tomás Cavanna y el resto de los acusados", pactó el pago de una indemnización de 150.000 euros "con cargo a los fondos de la Xunta".

El Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que "la crítica situación económica" de la Fundación, "a la que había llegado durante la gestión de los acusados", puso "en peligro la continuidad de la misma", por lo que sus ingresos se nutrían principalmente de fondos públicos desde 2007, algo "ampliamente conocido por los acusados".

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, de los que considera autoras a Marina Castaño y a Covadonga Rodríguez, y partícipes necesarios a Dositeo Rodríguez y a Tomás Cavanna. Por ello, pide la imposición de una pena de cuatro años y seis meses de prisión y la inhabilitación por ocho años.

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.