El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón al Reino Unido en el caso de varias detenciones preventivas a ciudadanos efectuadas en Londres en abril de 2011 durante la celebración de la boda de los duques de Cambridge.

Aquel día se practicaron más de medio centenar de arrestos, según datos de la Policía metropolitana -que tenía a 5.000 agentes en la calle-, la mayoría de ellos bajo la sospecha de que se podían provocar disturbios, alterar los actos de celebración o cometer delitos en una fecha tan delicada.

Varios detenidos recurrieron a la justicia, pero solo ocho de ellos llegaron a Estrasburgo tras ver rechazadas sus demandas. Son Hannah Eiseman-Renyard, Brian Hicks, Edward Maltby, Patrick McCabe, Deborah Scordo-Mackie, Hannah Thompson, Daniel Randall y Daniel Rawnsley, residentes en Londres.

Tienen entre 27 y 52 años, aunque todos menos uno rondan hoy los 30. Y todos fueron liberados sin cargos el mismo 29 de abril tras pasar unas horas -entre 2,5 y 5,5- en distintas comisarías de la ciudad. Justo, según sus abogados, tras el mediático "beso del balcón" de la pareja real, Guillermo y Kate.

Los demandantes se disponían a participar en convocatorias de distinto tipo, algunas de protesta antirrecortes, otras antimonárquicas y otras más festivas. De hecho, dos de ellos iban disfrazados de muertos vivientes porque se dirigían a un "picnic zombi" en Soho Square organizado por el colectivo Queer Resistance.

Otro acudía a un evento reivindicativo llamado "No a la boda real" en Red Lion Square, y el resto, ante la imposibilidad de llegar a una concentración republicana en Trafalgar Square, terminaron en la anterior.

En su día, los agentes informaron de que algunos manifestantes planeaban hacer cosas como arrojar pintura a lo largo del recorrido de la comitiva real, lanzar canicas a los pies de los caballos, usar gusanos como confeti o intentar boicotear los actos celebración.

Temían la acción de grupos "anarquistas" y también de activistas antimonárquicos. Todos los arrestados alegaron que sus detenciones habían sido arbitrarias y contrarias a derecho y algunos argumentaron motivaciones políticas; la Policía efectuó el día antes, además, algunos registros que también fueron cuestionados.

Los tribunales ingleses desestimaron las denuncias, que llegaron al Supremo, y ahora Estrasburgo explica que hicieron bien, ya que, tal y como dijeron los jueces, los arrestos fueron "necesarios" para prevenir un mal mayor, teniendo en cuenta el nivel de "amenaza" existente, las miles de personas que había en las calles y el "interés internacional" en la boda real.

Los tribunales nacionales, dice Estrasburgo, no solo estudiaron a fondo los casos de los demandantes, sino que lograron establecer un "equilibrio justo" entre el derecho a la libertad de las personas y la tarea de impedir que perturbaran el orden público o causaran daños.