Ada Colau alcanzó el Ayuntamiento bajo la promesa de atajar la emergencia habitacional, pero los datos que se han conocido de la Agencia de la Vivienda de Cataluña reflejan que lo conseguido es muy diferente: la lista de espera para pisos sociales ha pasado de los 27.447 solicitantes en 2015 –cuando consiguió la alcaldía– a los 39.173 de 2018. Supone un incremento en la lista de espera del 42,7% de solicitantes en solo tres años.

El dato facilitado por el organismo público se ha visto además reflejado en el ánimo ciudadano. El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las primeras preocupaciones de todos los barceloneses. Según el último barómetro, es la segunda inquietud (superada solo por la inseguridad) tras meses atrincherada en el primer puesto.

El aumento en la lista de espera para acceder a un piso social que se está viviendo ahora Barcelona contrasta con las cifras que registró su antecesor en el cargo. El exalcalde Xavier Trias recibió la ciudad en 2011 con una lista de espera para acceder a un piso social de 30.572 solicitantes. En 2015, dejó la alcaldía con 27.447, que fue los que recibió la actual alcaldesa.

El aumento de dificultades para que el barcelonés pueda acceder a una vivienda pública no es el único compromiso incumplido por la actual alcaldesa en materia de vivienda. De los 4.000 pisos de protección oficial que anunció construir en campaña electoral, cerrará el mandato con solo apenas 700. Y de los 4.000 que anunció adquirir, también se quedará en aproximadamente 700, según datos del Consistorio. Es decir, no ha alcanzado ni la cuarta parte de lo que prometió.

La realidad que reflejan estas cifras ha llevado a la alcaldesa a apretar el paso en su último tramo de la legislatura, con el previsible objetivo de maquillar el incumplimiento electoral de los compromisos asumidos en 2011.

En septiembre del pasado año, tras haber construido tan solo 648 viviendas desde que accediera al Ayuntamiento en 2015 –muchos de esos pisos todavía no habían sido adjudicados–, reveló que tenía en marcha la edificación de 4.644 viviendas. Sin embargo, casi ninguna de esas construcciones se concluirán antes del 26 de mayo (fecha de las elecciones). De hecho, por el momento administrativo en el que aún se encuentra ese anuncio, es previsible que la gran mayoría de viviendas ni siquiera estén finalizadas en el próximo mandato.

De las 4.644 viviendas anunciadas, solo 574 se encuentran en fase avanzada: algunas en proceso de licitación y otras en la etapa final de construcción. El resto están lejos de tener colocada la primera piedra: 2.331 viviendas estaban todavía en fase de concurso público mientras que los 1.091 pisos restantes se encontraban todavía en trámites para salir a concurso.

En relación a la compra de inmuebles, otro de los mecanismos que Colau ha activado para engrosar el parque de vivienda pública, las cifras son parecidas. Prometió 4.000 en campaña electoral, perspectivas que ha tenido que rebajar en esta última fase de mandato. Después rebajó la cifra a 750 y ahora mismo, tras la última compra realizada a finales de diciembre, el balance reduce esa cifra a 661 viviendas, según datos del propio Ayuntamiento.

En paralelo, el precio del alquiler no ha parado de crecer. Y lo ha hecho más que nunca. Desde que asumiera la alcaldía en el tercer trimestre de 2015 –tomó posesión en el mes de junio–, el coste medio se ha incrementado en casi 200 euros. El precio ha pasado de los 765 a los 954 euros del último trimestre de 2018.

Una subida muy elevada, comparándola, por ejemplo, con los dos mandatos precedentes: entre 2011 y 2015 pasó de los 752 euros a los 765; y, entre 2007 y 2011 de los 766 a los 752.

Desde que se creara en octubre de 2015, la lista de la Mesa de Emergencia habitacional de Barcelona no ha parado de aumentar. Este organismo que atiende a las personas con más vulnerabilidad habitacional acabó el pasado mes de febrero con la suma de 562 familias en la lista. La cifra ha aumentado en estos meses del año, ya que 2018 se cerró con 512 familias en la lista; mientras, en 2017 fueron 305 y en 2016 había 159, así que la cifra se ha más que triplicado.

Asimismo, este mismo mes de febrero, había ya 470 familias cuya situación había recibido el aval del organismo para recibir una vivienda de forma inminente pero estaban a la espera de obtener la adjudicación de una casa, una cifra que representa el doble que hace poco más de un año: en diciembre de 2017, había 232 familias pendientes de recibir las llaves de una vivienda -2018 concluyó con hasta 432 familias-.

Esta lentitud ha desatado muchas críticas, entre ellas de la propia Plataforma de Afectados por Hipoteca –asociación que catapultó políticamente a Ada Colau–. La Mesa de Emergencia habitacional se fraguó a través del Consorcio de la Vivienda -participada en un 60% por la Generalitat y un 40% por el Ayuntamiento, algo que ha creado continuas tensiones entre ambas administraciones por la asunción de responsabilidades.

En este sentido, la alcaldesa se escuda recurrentemente en los incumplimientos de inversión de la Generalitat para justificar el aumento de las listas de espera por emergencia habitacional. El motivo inicial por el que se creó esta lista fue precisamente para atender a todas las personas que han perdido su vivienda en Barcelona.