El malestar generado entre los restauradores de Ciutat vella por el recorte del número de terrazas en el distrito en cumplimiento de la ordenanza de terrazas se ha hecho este martes más que patente en el propio edificio consistorial, que ha acogido esta mañana la segunda sesión de la comisión especial de seguimiento de la aplicación de la Ordenanza de Terrazas en el distrito.

Esta se aprobó en pleno con los votos del PDeCAT, Cs, PSC y PP y tendrá una tercera sesión el próximo 27 de marzo, centrada en accesibilidad. Los nueve testimonios de empresarios hosteleros que han acercado a la comisión los partidos de la oposición han coincidido en criticar con dureza la gestión de la regidora Gala Pin, a la que acusan de «criminalizar" a sus negocios por promover la drástica reducción de sus veladores.

Antes de sus intervenciones, Pin se ha defendido de las acusaciones de «arbitrariedad» en la aplicación de esta normativa y ha intentado dejar claro que «el uso del espacio público no otorga derechos adquiridos» a los restauradores.

También ha instado a los vecinos a denunciar a los comercios que no cumplan con la normativa. Pero, por si no fuera suficiente la revuelta de estos últimos durante la tensa sesión de seguimiento, las entidades vecinales, que también han tenido voz en el acto, tampoco han escatimado en reproches hacia la política llevada a cabo por el distrito.

El más contundente ha sido Daniel Pardo, de la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), quien ha calificado de «farsa» la comisión y ha acusado al Ajuntament de «falta de celo en la aplicación de una ordenanza ilegítima, calcada a la que propuso el Gremi de Restauració y recurrida ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)».

Para Pardo, como resultado de todo ello, proliferan en Ciutat Vella las mesas desplegadas sin licencia, lo que favorece que la norma actúe «contra el derecho de los vecinos al descanso». Y ha puesto como ejemplos concretos las más de 2.000 sillas privadas de la plaza Reial en contraste a la falta de bancos públicos o la existencia de otra plaza, la de Sant Cugat, «desactivada como espacio público» por las terrazas.

Ha acusado además al Gremi de Restauració de llevar a cabo un «ejercicio de avaricia para ganar poder» al amparo de esta normativa y al Ajuntament de tomar partido por los empresarios «ignorando a los vecinos».

Han suscrito en gran medida las palabras de Pardo la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Ana Menéndez, y Jesús Lodeiro, de la sección sindical de restauración de la UGT. Carmen Piera, de la asociación de vecinos de la Barceloneta, que ha ido un paso más allá y se ha mostrado preocupada por la «convivencia entre vecinos y restauradores».

Pero, contra toda lógica previa, ambos sectores, a pesar de ser actores con intereses bastante opuestos en esta polémica, han estado alineados en la crítica frontal a la gestión de Pin y a su falta de «empatía» ante sus necesidades. De hecho, gran parte de los gestores de establecimientos que han hablado en la comisión se han definido como «un vecino más».

Ha sido el caso del propietario de la pastelería Bubó del Born, que se quejó de la revocación de su licencia de terraza. Ernest Ameller ha explicado que desde agosto han perdido más de 90.000 euros y que han tenido que pedir un crédito de 120.000 euros para hacer frente a los pagos. Sin terraza, de los 11 trabajadores del Bubó Bar pasarán a solo cuatro.

Sílvia Teixidó del Café del Born, en la plaza Comercial, ha relatado que tendrán que pasar de 18 a 9 metros cuadrados de terraza «dentro de una plaza de 5.000 metros cuadrados» y lo ha visto como «un premio injusto a llevar 25 años en el barrio».

Desde el Grup Demòcrata han lamentado que en poco tiempo se haya constatado el «gran fracaso de un pacto de consenso, con 38 de 41 regidores a favor, que ha pasado a ser un gran desbarajuste». Por parte del PSC, Daniel Mòdol ha reclamado que no se «maltrate a todo un sector de vecinos de la ciudad, los hosteleros, que en zonas como el Passeig Joan de Borbó de la Barceloneta ocupan 3.500 metros cuadrados de terraza frente a los 11.000 de manteros.

Pin ha entregado un informe municipal a los asistentes a la comisión en el que se indica que en Ciutat Vella hay 1.800 licencias de restaurantes concedidas. De estas, 480 son para terrazas, 70 más que en 2015, lo que significa unas 206 mesas más que entonces. La ratio de mesas por establecimiento se sitúa en Ciutat Vella en 7,23. Es una cifra muy superior a la de Sarrià (4,60) o a la de Gràcia o el Eixample (3,66).