La empresa Vector Ronda, propietaria de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ha presentado este jueves un expediente de regulación de empleo que afecta a 392 personas en Cataluña.

La compañía, que trabajaba para Cabify, una de las plataformas de movilidad que ha dejado de operar en Barcelona tras la aprobación del decreto de la Generalitat que limita la actividad de este sector, tiene previsto registrar la próxima semana un segundo ERE que afectará a otros 400 empleados, según han explicado a Efe fuentes de la empresa.

Los dos expedientes afectan a la totalidad de la plantilla, formada actualmente por unos 800 trabajadores, ya que unos 200 se han desvinculado en las últimas semanas del grupo por diferentes causas, como la finalización del contrato o bajas voluntarias para reincorporarse al mercado laboral en otro sector o en otra ciudad.

Tras la presentación del ERE en el departamento de Trabajo de la Generalitat, se abre un período de negociación con los trabajadores para intentar llegar a un acuerdo sobre las condiciones de los despidos. "Confiamos en llegar a un acuerdo, ésta no es una decisión voluntaria y los trabajadores lo saben", ha señalado a Efe Matres.

La empresa lamenta haber tenido que tomar esta "durísima decisión", pero asegura que se ha visto abocada a ello tras la aprobación del decreto de la Generalitat, que obliga a precontratar un VTC con un mínimo de quince minutos de antelación -en el área metropolitana de Barcelona se ha ampliado este período a una hora, lo que hace "inviable" la prestación del servicio.

Vector Ronda agradece la profesionalidad y el compromiso de sus trabajadores y recuerda que defenderá el sector "utilizando todas las vías legales que estén a su alcance" ante una normativa que tacha de "injusta e inconstitucional". De hecho, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha determinado que imponer la precontratación de los VTC es una medida "injusta y discriminatoria", mientras que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha señalado que este punto vulnera el derecho a la libertad de empresa de la Constitución.

Pese a todo, el Parlament ha validado este jueves el decreto del Govern para regular los servicios VTC con el apoyo de JxCat, ERC, PSC, comunes y CUP.