El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona ha exigido este miércoles al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le informe de los procesos de desahucio desde el principio, para que los servicios sociales puedan tomar medidas preventivas para evitarlos. Lo ha hecho saber la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que ha denunciado que el año pasado el Ayuntamiento intervino en 1.270 procedimientos de lanzamiento, de los que menos del 20% fueron notificados desde el inicio.

El equipo de Colau, ha explicado Ortiz, ha hecho esta reclamación al TSJC en el marco de una reunión de la comisión mixta de seguimiento del protocolo sobre desahucios –formada por representantes de este tribunal y del Consistorio, la Generalitat, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y el Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona– y ha condicionado la prórroga de este a que se atiendan sus peticiones.

Según ha apuntado la teniente de alcaldía, el año pasado contabilizaron 505 casos en los que se actuó de forma preventiva, lo que permitió que se resolvieran positivamente, y en 250 se entregaron las llaves antes del desahucio, lo que constata que una intervención temprana de los servicios sociales permite que el proceso sea "menos traumático".

Además, ha dicho, si se actúa desde la prevención, el gasto medio para el Ayuntamiento es de 998 euros por caso, mientras que este aumenta a 3.336 euros cuando una familia ya ha perdido su vivienda.

Durante la reunión, los letrados municipales también han alertado de que los desahucios con fecha abierta vulneran los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de que estos aumentan. En 2018 se contabilizaron 55 en Barcelona, casi siete veces más que en 2017, cuando hubo ocho.

Por su parte, el TSJC ha considerado este tipo de desahucios necesario, ante las dificultades que se están encontrando las comisiones judiciales para ejecutar lanzamientos. Según los datos de este tribunal, en 2018 se señalaron 4.880 en la ciudad, de los que solo pudieron materializarse 2.197.

Otra de las peticiones que ha hecho el Ayuntamiento a este tribunal ha sido la de un protocolo específico para ocupaciones perniciosas –las que generan un impacto negativo en el entorno, como por ejemplo, las que se producen para convertir viviendas en narcopisos–, que permita actuar coordinadamente y que el Consitorio pueda avisar de casos prioritarios.

Coincidiendo con la reunión de la comisión mixta de seguimiento del protocolo sobre desahucios, durante la mañana de este miércoles han tenido lugar en Barcelona dos desalojos, en las calles Sant Salvador de Gràcia y Sant Pere Mitjà de Ciutat Vella, que han dejado en la calle a una treintena de personas, entre ellas siete menores. También estaba previsto otro en Portal Nou, pero miembros de distintos movimientos sociales han logrado que se aplazara tras desplazarse hasta allí.

En el número 67 de Sant Pere Mitjà han sido desahuciados una madre con un hijo menor y un bebé a cargo. Un grupo de unas 20 personas se han concentrado a las puertas del inmueble sentadas en el suelo para evitar el lanzamiento, pero no lo han conseguido, pues los Mossos d'Esquadra les han echado una por una.

En cuanto al desalojo de Gràcia, con fecha abierta durante todo febrero, ha afectado al edificio conocido como el Armadillo, en el número 16 de la calle Sant Salvador, y también ha motivado una concentración, de unas 40 personas, que no ha logrado frenarlo. El inmueble estaba ocupado por una treintena de personas, entre ellas cinco menores, que llevaban seis años viviendo allí. "No sabemos dónde iremos ahora", ha apuntado Ana María, una de las desalojadas.

Por su parte, el concejal del distrito de Gràcia Roberto Soro ha asegurado que el Ayuntamiento realojará a las ocho familias que ocupaban el edificio, a cuatro de ellas, en pisos sociales, y al resto, en viviendas del fondo propietario del inmueble ocupado, Cerberus. «Mientras no puedan entrar a vivir allí, se les han ofrecido guardamuebles y pensiones», añadió.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han concentrado este miércoles frente a varios juzgados catalanes para reclamar que se aplique la ley 24/2015 contra los desahucios, que se ha recuperado después de que el Constitucional desestimara el recurso del Gobierno contra ella. Esta obliga a bancos y grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar.