Dos desalojos en Barcelona la mañana de este miércoles, en las calles Sant Salvador de Gràcia y Sant Pere Mitjà de Ciutat Vella, han dejado en la calle a una treintena de personas, entre ellas siete menores, mientras que miembros de distintos movimientos sociales han logrado que se aplace otro desahucio en Portal Nou tras desplazarse hasta allí.

En el número 67 de Sant Pere Mitjà han sido desahuciados una madre con un hijo menor y un bebé a cargo. Un grupo de personas se ha concentrado a las puertas del inmueble para evitar el lanzamiento, pero no lo han conseguido, pues los Mossos d'Esquadra han echado una por una a las alrededor de 20 personas que se han sentado en el suelo para impedir el desahucio.

Por otro lado, los Mossos d'Esquadra han iniciado a las 6.00 horas de este miércoles el desalojo de un edificio ocupado por una treintena de personas en el barrio barcelonés de Gràcia.

Según ha informado la policía catalana, se trata de un requerimiento judicial del Juzgado 27 de Barcelona, que se desarrolla "con normalidad".

El inmueble, conocido como el Armadillo, está ubicado en el número 16 de la calle Sant Salvador, cerca de la plaza Lesseps.

Los ocupantes, cinco de los cuales son menores, viven desde hace seis años allí y aseguran que no tienen una alternativa de vivienda. Según ellos, la finca es propiedad de una empresa que gestiona los activos inmobiliarios del BBVA. La entidad lo ha negado y ha subrayado que vendió su cartera inmobiliaria el año pasado al fondo de inversión Cerberus, también esta finca.

El bloque tenía un desalojo con fecha abierta durante todo el mes de febrero. Ellos mismos pidieron hace unos días un alquiler social y negociar directamente con la entidad bancaria después de que las gestiones del Ayuntamiento de Barcelona se hubieran "agotado", dijeron.

Bàrbara Roch, portavoz de la Oficina de Vivienda Popular de Gracia, ha explicado que en el edificio vivían 30 personas, cinco menores. Supieron que el desalojo sería este miércoles porque a principios de semana se activó una ayuda para los bebés. Ha criticado que los están "expulsando del barrio" y que lo que reclaman son "alquileres asequibles".

Una de las personas que vivían en el edificio es Ana Maria. Se emociona al recordar cuando llegó, hace tres años, con una niña en brazos y dos hijos más. "Era la tercera vez que nos desalojaban y no encontrábamos ninguna solución", ha explicado. Asegura que hace 17 años que vive en el barrio.

Ana María explica que el Ayuntamiento les aseguró que les ayudaría a tener una vivienda social en Baró de Viver, pero después los ofrecieron una pensión y al final "ya no había nada para nadie", expone. En este momento dice que tienen una pensión para dos días y un guardamuebles para cuatro meses. "Pasado mañana no sabemos donde iremos a vivir".

A las ocho de la mañana una línea de agentes rodeaba las calles próximas al edificio, mientras algunos de los ocupantes salían acompañados por los Mossos con bolsas, maletas y algunos muebles. Fuera, unas 40 de personas gritaban contra la especulación y los agentes policiales. A las nueve se han dirigido a la plaza Vila de Gracia para protestar contra el desalojo.

MIembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han reclamado este miércoles a las instancias judiciales que empiecen a aplicar la recuperada ley 24/2015 contra los desahucios. Los activistas se han concentrado ante varios juzgados catalanes, donde han entregado una guía básica para la aplicación de la norma.

La acción llega después de que el TC haya aceptado el desistimiento del recurso del Gobierno contra esta ley.

La PAH, que denuncia que hay medio centenar de desahucios diarios en Cataluña, recuerda que la ley obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las familias vulnerables y a ceder los pisos vacíos a la administración.

En Tarragona, la acción ha reunido a una treintena de personas, que se han concentrado ante el Palau de Justicia bajo el lema 'Hemos hecho posible el imposible. El retorno de la Ley 24/2015'.