El Cuerpo Nacional de Policía ha recibido hasta este martes más de 300 denuncias por el fraude de los ataúdes que investiga el Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, centrado en la retirada de féretros ya comprados antes de la incineración para revenderlos.

La Policía está proporcionando desde principios de febrero un modelo de denuncia, autorizada por la Fiscalía, a las personas que se sienten perjudicadas por la supuesta estafa descubierta mediante la operación policial Ignis, con el fin de agilizar el trámite a los afectados.

Mientras, el Juzgado continúa con las averiguaciones sobre los hechos, ante los que varios despachos de abogados están recopilando demandas para llevar caso por caso, amparados por la misma representación procesal, abogado y procurador. Es el caso del bufete de Bárbara Royo Abogados, unido con Castellana 266 en la plataforma de afectados El Salvador, nombre este último con el que se denomina la funeraria investigada en Valladolid.

Estos dos despachos han planteado un escrito ante el Juzgado para solicitar "con carácter urgente" la clausura temporal de los tanatorios de la empresa El Salvador durante la instrucción del procedimiento.

Entre las alegaciones que plantean, figura la "extrema gravedad" de los hechos ocurridos y la "atrocidad" de los delitos que se investigan, con una estafa supuestamente cometida durante más de veinte años en concurso con otros delitos, según el texto que han presentado, al que ha tenido acceso Efe en fuentes del caso.

La solicitud sobre los crematorios de la empresa se dirige a que se encuentren cerrados hasta que se garantice que estas prácticas no se pueden volver a llevar a cabo. Propone también el escrito de manera subsidiaria, ante la posibilidad de que la juez no adopte esta medida, una intervención adecuada en la empresa que asegure que esta forma de actuar no se vuelve a producir.

El Juzgado investiga en concreto si el Grupo Funerario El Salvador se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar los cadáveres y los revendían, con la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015, un número calculado de forma provisional, según fuentes del TSJCyL. La Policía detuvo a dieciséis personas, trece de ellas puestas posteriormente en libertad.