El caso de la presunta estafa de los ataúdes de Valladolid tuvo su origen en el "chivatazo" de "un extrabajador". Según confirman fuentes de la acusación a 20minutos, éste fue el detonante que provocó el inicio de la investigación donde se acusa al tanatorio El Salvador de incinerar a los fallecidos en ataúdes más baratos que los comprados por sus familias.

Este trabajador, que estaba "molesto con ellos" por la cantidad pensión de jubilación que tenía, "les chantajeó" con contar las presuntas irregularidades del centro. La empresa le respondió denunciándolo, lo que provocó que le acabaran condenando a un año de cárcel.

Sin embargo, en ese año, 2017, el juzgado empezó a investigar la veracidad de estas acusaciones donde se sostenía que la empresa retiraba "los ataúdes antes de la incineración" para revenderlos a un próximo cliente, apuntan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Del total de dieciséis personas que se han detenido de momento, los investigadores mantienen en prisión al dueño del tanatorio El Salvador y a sus dos hijos. El propietario está en "prisión provisional comunicada y sin fianza" y los hijos en "prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros". Todos están investigados "por delitos continuados" de estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Esta calificación jurídica es "genérica y provisional". A lo largo de la instrucción judicial se esclarecerá "la participación de cada uno de los investigados" y la concreción de los posibles delitos. Las cifras de este caso, según la Delegación del Gobierno de Castilla y León, son de varios millones estafados.

"No es el momento de calificar" destaca la Plataforma de Afectados de la Funeraria el Salvador a este periódico. Esta organización, fundada por los despachos Bárbara Royo Abogados y Castellana 266, está personada en la causa desde este lunes y espera "hacer una acusación fuerte". Especifican que al final del período de instrucción podrían solicitar "incluir algún delito más". Durante este proceso defenderán a cada afectado "de manera individual".

Esta investigación se centra en la reventa de 6.000 féretros entre 1995 y 2015. Los acusados durante estos años, según la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, solo incineraban la tapa de los ataúdes para así facilitar esta presunta estafa.

Este lunes el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid recibió las primeras reclamaciones de un juicio del que se prevé que "va a ver mucha gente afectada" ya que de cada uno de los 6.000 ataúdes puede haber "varios familiares", declaran fuentes de la acusación.

Para facilitar el ritmo de las denuncias, la Policía Nacional ha desarrollado un modelo de denuncia que ha facilitado a los posibles afectados. En éste se pide nombre apellidos y DNI del denunciante, de la persona fallecida (si conocen el DNI) y fecha en la que murió. Además se pregunta que relación tenían con el fallecido y si tenían un contrato con una aseguradora. La Policía o el juzgado solo llamarán a las personas que consideren "efectivamente perjudicadas".