En cuanto al inmueble de Cabo Llanos, ha salido adelante, con los votos de CC y PP, una enmienda de los populares por la que el Cabildo desiste de comprar el edificio y admite la construcción de un geriátrico nuevo si fallan todas las opciones en el mercado público y privado.

El portavoz del Grupo Popular, Sebastián Ledesma, comentó que el PP cambió de criterio cuando empezó a conocer la operación en profundidad, que en todo caso, tiene como objetivo hacer frente a la carencia de camas sociosanitarias.

Ha dicho que su grupo se opone "rotundamente" a la compra del inmueble de Plasencia y pide que el dinero del IASS "no se vaya a pagar deuda a los bancos" y sí a adquirir un inmueble o buscar otras alternativas. "El fin en la política es buscar una solución a los problemas de los ciudadanos", ha indicado.

La directora del IASS, Juana María Reyes, ha dicho que hay que garantizar la seguridad de los usuarios del Febles Campos y defiende que con la compra del inmueble se busca "acortar plazos" ya que buscar un solar nuevo y construir un nuevo edificio "son cuatro o cinco años".

Reyes ha apuntado que el Gobierno insular no tiene "nada que ocultar" pues es un inicio de expediente, defendiendo el "coste de oportunidad" que supone comprar el edificio porque en 15 meses de amortizan las plazas y se aumentan en el conjunto del área metropolitana.

Alberto Bernabé, portavoz del Grupo Nacionalista, ha apuntado que si el edificio no fuera de Antonio Plasencia no se presentarían las mociones, pues se ha creado una "alarma social" pero no se discute el modelo sociosanitario.

Ha dicho que es "falso" que la compra sea una operación de "corrupción" y que la compra es la solución "más rápida y mejor" pra resolver los problemas de los usuarios de Febles Campos, recordando también que el PSOE defendió su compra en 2014 como sede del Palacio de Justicia y ocupaba un local de Plasencia en La Laguna.

"La opción del PSOE es muy lenta y perjudica durante muchos años a la gente que está en lista de espera", ha indicado.

La consejera de Podemos, Mila Hormiga, ha dicho que "muchas piezas" no encajaban en la compra de un edificio a un empresario "corrupto", operación que además ha aumentado el descrédito de los políticos entre los ciudadanos.

LA COMPRA EN CABO LLANOS NO ESTÁ JUSTIFICADA

Hormiga se ha preguntado si "conviene" comunicar a los juzgados la compraventa, si la compra es óptima porque si el Plan General de Santa Cruz es anulado por el Supremo no se puede cambiar el uso del suelo y si el precio es adecuado.

Podemos ha reclamado sin éxito un concurso público "transparente", que se desista de la compra del inmueble de Plasencia y que el Cabildo promueva ante el Parlamento una iniciativa legislativa que impida realizar operaciones con empresarios o empresas vinculadas a empresarios condenados por corrupción.

Miguel Ángel Pérez, del Grupo Socialista, ha defendido el desestimiento de la compra del edificio de Cabo Llanos porque pertenece a Antonio Plasencia y no responde al "modelo" del plan de infraestructuras sociosanitarias.

Ha dicho que "no está justificado" que se tenga que demoler la residencia de Febles Campos pese a que "está mal", lo mismo que la de Ofra, aparte de que cree que se debió impulsar un concurso abierto para elegir un nuevo inmueble, desarrollar un solar de 2.500 metros cuadrados u otros en el municipio.

"Este expediente no ha sido transparente. Dejemos de gastarnos 30 millones en un edificio de dudosa eficacia", ha agregado.

La portavoz socialista, Josefa Mesa, ha dicho que el Cabildo debe ser "garante" del buen uso del dinero público y que no sirva para hacer negocios, valorando el "modelo" sociosanitario impulsado por su partido desde el pasado mandato, con residencias modernas y más teleasistencia.

"Un pacto no es un trueque ni un cambio de gobierno", ha advertido a los nacionalistas, dejando claro que "no es moralmente correcto" que se compre el edificio aunque sea legal.

DESAZÓN Y DESCONFIANZA

En cuanto a Las Chumberas, se ha alcanzado un acuerdo por unanimidad donde se reclama la búsqueda de una fórmula jurídica que permita alcanzar una solución al problema de reposición, por el que se espera desde 2009, y que las actuaciones sean coordinadas por todas las administraciones.

El portavoz del Grupo Nacionalista, Alberto Bernabé, ha comentado que detrás de la burocracia "están las familias", criticando que se acuse de "inacción" a las administraciones, especialmente el Ayuntamiento de La Laguna.

Ha dicho que se trata de un expediente "muy complejo" que ha motivado el retraso de las obras, si bien resalta que ya están adjudicadas las obras, por casi 18 millones de euros, a la espera de la disposición del suelo.

Bernabé ha culpado a los socialistas de generar "desazón y desconfianza" entre los vecinos con algunas declaraciones públicas, especialmente de Marta Arocha, destacando que los políticos están "para aportar".

Julio Concepción, de Podemos, ha comentado que este proyecto demuestra la "incapacidad" de CC para gestionar los presupuestos públicos, al tiempo que rechaza la decisión "unilateral" del alcalde, José Alberto Díaz, de reunirse con los vecinos y el Ministerio de Fomento.

En su opinión, el alcalde practica una gestión "nada transparente" y debe "cambiar sus formas" pues ha sido reprobado por el Pleno municipal y practica el "electoralismo" con los vecinos. "Esta práctica se debe desterrar", ha comentado.

Ana Zurita, del Grupo Popular, ha pedido "consenso" para resolver la situación porque los vecinos oyen "promesas" y "no han visto un solo bloque", lamentado que al Ayuntamiento este proyecto "le ha quedado grande", pues dispone de 26 millones desde 2016.

NO JUGAR CON LA "HONESTIDAD" DE LOS VECINOS

Ha apelado a "resolver un problema" sin obviar que Canarias es la Comunidad Autónoma que "peor gestiona" los convenios de vivienda, y sostiene que el objetivo es "cerrar una fórmula" que permita alcanzar una solución. "Más que el dinero, lo primero es el suelo y el planeamiento urbanístico", ha apuntado.

La directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE) ha advertido de que no se ha justificado "ni un euro" ni se han iniciado las obras, de ahí que sea necesario acometer un nuevo convenio, con ocho meses perdidos por la tardanza del Ayuntamiento.

El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu (PSOE), ha dicho que esta moción "pone en valor" el trabajo de Marta Arocha, que ha intermediado con Fomento, tildando de "intolerable" que haya reuniones en el Cabildo donde no se invita al jefe de servicio de Vivienda.

Ha pedido "no jugar con la honestidad" de los vecinos y defiende que la solución no se alcanza "con propaganda ni pagando billetes de avión a los vecinos para que vayan a manifestarse a Madrid".

Sobre los PGE, CC y PP se han unido para exigir la devolución de las cuentas por ser "malas" para Canarias, especialmente porque faltan partidas para muchos convenios y no cumplen ni el REF ni el Estatuto de Autonomía.

El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu (PSOE), ha comentado que CC y PP "han convivido de forma extraordinaria" durante siete años "recortando derechos y sacando pecho con orgullo", poniendo como ejemplo que CC y PP bloquearon el aumento el techo de gasto, "que traía 90 millones más a Canarias".

Ha apuntado que las partidas para infraestructuras son "necesarias" y se van a enmendar pero se pregunta "de qué ha valido" tener los "mejores presupuestos de la historia" cuando no hay proyectos realizados ni buena gestión del Gobierno de Canarias.