Condenan a un mosso que encubrió a un policía que daba chivatazos a narcos en La Mina

  • Un subinspector de los Mossos ha reconocido que encubrió a un policía nacional que avisaba de redadas a clanes gitanos del barrio de La Mina de Sant Adrià.
  • El acusado ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, que pedía penas de cuatro años de cárcel e inhabilitación por seis años y medio.
El joven fue detenido por los Mossos.
El joven fue detenido por los Mossos.
MOSSOS
El joven fue detenido por los Mossos.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a diez meses de inhabilitación a un subinspector de los Mossos d'Esquadra que ha reconocido que encubrió a un policía nacional que avisaba de redadas a narcotraficantes en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona el acusado ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía -que pedía inicialmente penas de cuatro años de prisión e inhabilitación por seis años y medio- por el que finalmente ha sido condenado a diez meses de inhabilitación y al pago de una multa de 2.920 euros por un delito de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, el condenado firmó un oficio policial en 2016 en el que informaba al juzgado sobre posibles filtraciones de investigaciones, entre las que destacaban la Operación Picapiedra, por parte de un inspector de la Policía Nacional a favor de clanes gitanos en La Mina.

Cuando el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona (Barcelona) pidió que los agentes que habrían recibido los supuestos mensajes del policía fueran a declarar, el condenado se negó, alegando que había cometido un "error involuntario" por trabajar con informaciones "no contrastadas debidamente".

Esta versión fue probada durante la investigación, cuando fueron revisadas las conversaciones de WhatsApp del subinspector con otros compañeros.

Por estos hechos, la Fiscalía acusaba originalmente al mosso de delitos de falsedad de documento oficial y denegación de auxilio a la administración pública.

Antes de la celebración del juicio, defensa y Fiscalía han llegado a un acuerdo de conformidad para rebajar las penas, que ha sido ratificado por la sala con la sentencia firme del tribunal.

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