El Congreso ha convalidado este martes sendos decretos leyes sobre la subida del sueldo de los funcionarios un 2,25% a partir del 1 de julio y el incremento de las pensiones generales 1,6% y un 3% las no contributivas, que ya entró en vigor el pasado 1 de enero.

PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han coincido al apoyar la subida del sueldo de los funcionarios, con un incremento fijo de 2,25% que afectará a 2,3 millones de trabajadores de las adminstraciones central, autonómica y central. Además, se introducen dos subidas variables, de 0,25% cada una, una vinculada al crecimiento del PIB y otra, a fondos adicionales que las administraciones negocien eventualmente con las distintas admintraciones.

La previsión del Gobierno es que el PIB crezca en 2019 un 2,3% y los funcionarios verían incrementado su sueldo un 0,25% si el crecimiento real escala al 2,5%, de manera que el incremento total será 2,5%.

Por debajo de ese porcentaje, el decreto establece una graduación según la cual si el aumento del PIB de 2019 es igual al 2,1%, el incremento final, sumando la subida fija de 2,25%, será del 2,30%. Si el PIB es igual a 2,2%, el incremento total será de 2,35%; y si es de 2,3%, la subida será del 2,40%. Si el PIB sube el 2,4%, el sueldo de los funcionarios lo hará el 2,45%.

Por lo que respecta a las pensiones, todos los grupos, salvo el PP han dado luz verde al real decreto ley que supone  incremento en un 1,6% para las generales y en un 3% para las no contributivas, así como a la paga extraordinaria de 0,1% que el Gobierno dará en unas semanas a los pensionistas por la diferencia entre el IPC que se pronosticó para 2018 y el real, un 1,7%.

En un decreto de más de 100 páginas, hay más aspectos distintos a las pensiones, entre ellas la supresión de las bonificacinoes a las empresas por la contratación de jóvenes y mujeres, que ha motivado que el PP se haya abstenido.

No obstante, este decreto de medidas laborales se tramitará como proyecto de ley por medida de urgencia, de manera que los grupos podrán enmendarlo.

Este decreto, que aprobó el Gobierno el 28 de diciembre, también comprende la subida de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos a cambio de la cobertura de más prestaciones sociales, como más subsidio de desempleo o bajas de maternidad o por enfermedad. También, un nuevo tipo de infracción laboral grave, que sera penalizada con multas de entre 3.126 y 10.000 euros, contra la posible utilización de la figura del falso autónomo por parte de las empresas.

Este real decreto, competencia del Ministerio de Trabajo, también reduce el periodo transitorio para la equiparación completa de los empleados del hogar con el sistema general, que será efectivo el 1 de enero de 2021, establece para ellos bases de cotización en función de 10 tramos de retribuciones y fija horas máximas que se podrán realizar en cada tramo, de acuerdo al SMI.

Con su convalidación, el Congreso también ha dado luz verde a una mayor penalización fiscal para las empresas que hacen contratos de una duración igual o inferior a cinco días, en los que el recargo sobre la cuota empresarial pasará del 36 al 40%.