La defensa del expresidente de la ANC y el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y de los exconsellers y diputados de JxCat Jordi Turull y Josep Rull, pedirá que declaren como testigos el Rey y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el juicio que se celebrará en elTribunal Supremo por el proceso soberanista, según fuentes jurídicas.

El abogado de estos políticos, Jordi Pina, ha presentado los tres escritos de defensa ante el Supremo y ha asegurado que sus clientes irán al Supremo a "luchar" y a demostrar que no cometieron ningún delito penal al "obedecer la voluntad popular" con el 1-O y ha sentenciado: "No se avergüenzan de nada de lo que han hecho".

El letrado ha comparecido este martes en rueda de prensa para explicar los escritos de defensa que han presentado Sànchez, Turull y Rull, que en las próximas semanas afrontarán un juicio por rebelión, sedición y malversación por su implicación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.

Pina ha detallado que los tres escritos, diferentes en contenido y extensión, parten de la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y relatan cómo, desde ese momento, el proceso independentista evoluciona guiado por la "voluntad de la ciudadanía".

"Espero que el día de mañana el tribunal entienda que todo lo que explicamos es justo y necesario para obtener una sentencia absolutoria", ha recalcado..

Jordi Turull y Josep Rull se enfrentan a una acusación por parte de la Fiscalía por presunta rebelión y malversación, y Jordi Sànchez por presunta rebelión, y los tres están en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

El exconseller de Interior Joaquim Forn pide su absolución en el juicio al 'procés' porque no interfirió en los Mossos d'Esquadra, a los que no dio ninguna consigna política ni operativa, ni alentó un "alzamiento violento" de los ciudadanos contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Así lo sostiene Forn en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, de cara al juicio a la cúpula del 'procés', en el que afronta una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión, que descarta haber cometido porque alega que defendió la independencia por vías pacíficas, sin incitar a la violencia.

El abogado de Forn, Javier Melero, apunta en su escrito que Forn, que llegó al Govern de Carles Puigdemont dos meses antes del 1-O, mantuvo "con éxito" el "delicado equilibro" entre la "lealtad a la acción política" del ejecutivo y a sus convicciones y el "cumplimiento riguroso" de los deberes que le imponía ser el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra.

En su alegato, el exconseller de Interior, que se fue a Bruselas junto a Puigdemont pero regresó a Madrid tras ser citado como imputado por la Audiencia Nacional -que le envió a prisión-, afirma que no incitó a nadie a "alzarse violentamente" contra las fuerzas de seguridad del Estado para "llevar a cabo a cualquier precio" la votación del 1-O, que había sido declarada ilegal.

Según la defensa, Forn no participó en el diseño de los operativos policiales del 1-O "ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político, ni, aún menos, técnico".

Tampoco interfirió en el dispositivo policial durante el acoso a la comitiva judicial que registró la consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, episodio en el que niega haber "incitado a las masas" a oponer "violenta resistencia" a la acción de la justicia.

De hecho, Forn expone una cerrada defensa de la actuación de los Mossos durante la última fase del proceso unilateral a la independencia, ya que resalta que la policía catalana llevó a cabo un "escrupuloso cumplimiento" de las directrices recibidas de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pese a que ahora el ministerio público haga un "relato" con una supuesta "pasividad" y "actuación fraudulenta".

En este sentido, asegura que no hubo "infradotación policial" el 1-O por parte de los Mossos d'Esquadra, que siguieron la directriz del TSJC de tratar de impedir el referéndum preservando la "pacífica convivencia".

Forn alega que en todos los foros en los que intervino acreditó que los Mossos cumplirían la ley, que acató la autoridad del cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo de seguridad del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y que "en absoluto" los informes de la policía catalana previeron un escenario de "alzamiento insurreccional", aunque sí "incidentes".

Además, destaca que su llegada al frente de Interior no supuso un "giro insurreccional" en el departamento, ya que mantuvo al mismo equipo de su antecesor, Jordi Jané: Cèsar Puig de secretario general, Pere Soler de director de los Mossos y Josep Lluís Trapero como mayor de la policía, todos ellos pendientes de ir a juicio en la Audiencia Nacional por su papel en el 'procés'.

Forn reconoce que el 1-O se produjeron "algunos incidentes" de "diverso signo, gravedad relativa y autoría plural" que se saldaron con 5 detenidos y algún daño material, motivados "por la intervención" de las fuerzas de seguridad del Estado y la "resistencia" de algunos votantes.

Además, subraya que consideró "en todo momento" que era posible una negociación con el Estado y que dejó claro a su equipo, la víspera de la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre, que sólo había dos salidas: la convocatoria de elecciones o la aplicación del 155, que acató de inmediato.

El rey Felipe VI, el expresident catalán Carles Puigdemont y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no son las únicas personas que aparecen en la larga lista de testigos solicitada por varios líderes del "procés"; en la que también figuran otros nombres como Artur Mas, Ada Colau e Iñigo Urkullu.

A ellos se suman el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové; el actual conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; o el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión en la Audiencia Nacional.

Todos ellos figuran en los escritos de defensa presentados ante el Tribunal Supremo por el abogado del exlíder de ANC Jordi Sànchez -para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel- y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, que se enfrentan a 16 años de prisión.

Los acusados asumen que la testifical de Felipe VI es complicada, dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exime de declarar ante un tribunal, si bien presentan como alternativa la del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín Alfonso.

El siguiente en la lista de testigos es el expresidente Rajoy, seguido de Puigdemont, de quien solo especifican que declararía por videoconferencia desde su lugar de residencia actual, ubicado en Waterloo (Bélgica).

Puigdemont, fugado desde hace más de un año y procesado por rebelión, sería detenido en el momento en el que pise España, dado que sobre él pesa una orden de detención nacional.

Su antecesor en el cargo, Artur Mas -que estuvo imputado en esta causa y a quien se eximió de responsabilidad-, es otro de los testigos solicitados, además de la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dado que es "pública y notoria" su participación en las actuaciones del 1-O y del 20 de septiembre de 2017.

Otro nombre destacado es el del lehendakari Iñigo Urkullu por su labor de "intermediación entre ambos gobiernos" en los días previos a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Destaca también el del actual consejero del Govern de Joaquim Torra, Jordi Puigneró (Políticas Digitales), en relación a varios ciberataques sufridos durante la consulta del 9 de noviembre de 2014, cuando era secretario de Telecomunicaciones del Govern.

Trapero, entonces responsable de los Mossos, y el exdiputado de JxSí Lluís Llach también figuran en la lista de testigos, este último por encontrarse en la Conselleria de Economía el día del acoso a la comisión judicial que la estaba registrando.

Los acusados también quieren que declare el que fuera número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, considerado organizador del referéndum y a quien se le incautó el documento EnfoCATs y una agenda Moleskine, claves para desvelar la hoja de ruta independentista.

Y varios miembros del Consejo de Transición Nacional, el órgano asesor del proceso independentista disuelto por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Entre ellos sobresale el que fuera su presidente Carles Viver Pi-Sunyer, un exmagistrado del Tribunal Constitucional considerado el arquitecto jurídico del "procés", imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

A ellos se unen hasta 60 personas que fueron a votar el 1-O y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusada de desobediencia en esta causa pero que será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña