El letrado ha asegurado que en Asturias, concretamente en Oviedo además hay "unas presiones muy altas por parte de ciertos lobbies empresariales que entienden que sus problemas vienen porque haya más o menos viviendas en alquiler, cuando eso no tiene nada que ver".

Ha añadido que no tiene ningún sentido vincular el cierre de un establecimiento hotelero por el incremento de viviendas de uso turístico, tal y como se intenta hacer desde estos grupos empresariales. También ha querido desmentir que en las viviendas de uso turístico generen disturbios o problemas en las comunidades de propietarios donde se ubican.

"No existe ni una sola denuncia por disturbios o mal comportamiento vinculadas a las viviendas turísticas", ha manifestado García Álvarez, que ha manifestado que la cuestión fundamental es que en lugar de contar con una normativa estándar a nivel estatal para que luego la desarrollasen las CCAA lo que se hizo únicamente fue modificar un artículo de la ley de arrendamiento y fue lo que creó el caos.

Ha explicado que el haber dejado en manos de las comunidades autónomas esta regulación ha provocado que exista una disparidad normativa, ya que hay administraciones que han regulado bien y otras no tanto.

Así, ha destacado que en Asturias el problema está en que el caso del Ayuntamiento de Oviedo se entiende que se trata de un uso hotelero, cuando "se trata de un uso residencial más".

En este sentido ha indicado que ya son cinco los contenciosos ganados y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya desestimó cuatro recursos que presentó el Ayuntamiento contra otras tantas sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en referencia a la prohibición municipal de conceder licencias de viviendas turísticas a aquellas que estén ubicadas en pisos superiores a un primero.