Los tres primeros expertos juristas en comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso que estudia la reforma de la ley de indultos han rechazado este miércoles elaborar un listado de delitos en los que debería excluirse conceder esta medida de gracia, entre ellos, por condenas por delitos de corrupción o de rebelión, tal y como proponen los distintos grupos políticos.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas; el abogado del Estado Jesús López-Medel, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida, Josep María Tamarit, han coincidido en que una nueva ley del indulto que supere la actual, que data de 1870, no debería incluir un "catálogo de delitos" en los que el indulto esté prohibido.

"Sobre el elenco de delitos en los que no se contemple le indulto, mi opinión es contraria a limitar el ejercicio de la facultad del indulto", ha afirmado Lucas, en un sentido que con distintas palabras después han secundado los otros dos juristas. Como mucho, López-Medel ha propuesto que la reforma de la ley del indulto imite el informe del Consejo de Estado para limitar los aforamientos, para "aquellos delitos cometidos en el ejercicicio de su cargo" en relación a los políticos.

Los juristas también han coincidido, en que es el Gobierno quien debe mantener la competencia de conceder el indulto y que su decisión debe prevalecer sobre las opiniones del tribunal sentenciador, de la fiscalía e incluso de las víctimas, aunque han coincidido también en que el Ejecutivo debe motivar mejor que en la actualidad los motivos por los que concede un indulto o lo deniega.

Estos tres juristas han abierto este miércoles las comparecencia de expertos en la comisión de Justicia para reformar la ley del indulto, una propuesta que hizo hace años el PSOE para prohibir que pueda concederse a personas condenadas por corrupción. Posteriormente, el PSOE amplió esta prohibición a condenados por violencia de género, mientras que el PP y Ciudadanos, en clara clave catalana, han propuesto que los condenados por delitos de rebelión no puedan tampoco ser indultados.

"Yo, que era partidario de recoger algún listado [de delitos por los que no se conceda el indulto], a la vista de que el listado puede convertirse en la mitad del Código Penal y después en un pim, pam, pum político, a lo mejor sí puede ser sustituido por una forma más genérica", ha apuntado López-Mede, que fue diputado del PP en el Congreso entre 1996 y 2008 pero que este miércoles ha comparecido en la comisión de Justicia a petición del PSOE y Unidos Podemos.

El PP ha renunciado a llamar a expertos en protesta por una fase de comparecencias con la que no está de acuerdo y que, en su opinión, responde a la intención del PSOE de postergar la votación sobre su propuesta de que los condenados por delitos de rebelión no puedan ser indultados. En este sentido, populares y Ciudadanos votaron en contra de esta fase de comparecencias.

La sesión continuará este jueves con la comparecencia, entre otros, del abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha sido llamado por el PdeCAT en calidad de catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

A petición de ERC, este miércoles ha comparecido Tamarit, que se ha sumado a la petición al Congreso de que no "suprima" delitos en la gracia del indulto, ha apostado por "establecer ciertas causas para concesión del indulto", entre ellos, "cuando resulte necesario para resolución de un conflicto social".

"Hay casos en los que el indulto puede ser necesario para resolver un conflicto político, situaciones de transición, necesidades de pacificación. Hay muchas situaciones en las que el indulto ha sido un buen mecanismo para dar respuesta a estas situciones sociales", ha señalado el jurista convocado por ERC.

Como el portavoz del PNV en la comisión, Mikel Legarza, o el jurista López-Medel, Tamarit también ha aludido a la "válvula de escape" que en ocasiones puede suponer un indulto.

En la sesión de comparecencias de este miércoles ningún grupo se ha referido directamente al delito de rebelión de que están acusados los políticos catalanes procesados por el procés, ni tampoco al juicio que empezará en unas semanas. No obstante, ha habido referencias indirectas a estos hechos.

Los diputados del PP han hecho hincapié en la posibilidad de que una reforma de la ley que prohibiera indultos por ciertos delitos pueda tener carácter retroactivo, es decir, que pudiera aplicarse a los políticos catalanes que van a ser juzgados antes de que esta reforma vea la luz, una posibilidad que han rechazado los expertos.

La diputada del PdeCAT, Lourdes Ciuró, ha señalado que sería conveniente que la reforma de la ley de indultos la convierta en una Ley Orgánica "porque afecta a derechos fundamentales, a la vista que tiene este Estado hacia la destrucción de derechos y garantías fundamentales".

Por su parte, Ciudadanos ha insistido en que el Gobierno tenga que motivar con una extensión adecuada su decisión de indultar o no indultar, una idea que el PSOE ha rechazado, así como que el Ejecutivo rinda cuentas ante el Parlamento de los indultos concedidos, una idea con la que han coincidido los juristas.

Este partido no ha llegado, no obstante, a la idea que ha planteado ERC, cuando su portavoz, Joan Tardá, ha explicado que en su grupo hay un "debate" sobre si la concesión del indulto debería pasar del Gobierno al Parlamento, donde grupos como ERC tendrían algo que decir, una opción que han desechado los tres juristas, que apuestan por que la concesión de esta gracia siga en manos del Gobierno.