Junqueras, Puigdemont y Turull, antes de la reunión de Govern
Junqueras, Puigdemont y Turull, antes de la reunión de Govern GENERALITAT/R.MORENO

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido este viernes procesar por un delito de rebelión al expresident Carles Puigdemont y otros 12 investigados en el procés: Junqueras, Forcadell, Cuixart, Sànchez, Rovira, Forn, Turull, Rull, Comin, Bassa, Ponsati y Romeva.

Asimismo, el juez procesa por malversación y desobediencia a los exconsellers Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. Y solo por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament (Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, y Nuet), así como a Mireia Boya y a Anna Gabriel, de la CUP.

Llarena ha dejado fuera del auto al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.

Un procés que sigue "latente"

Llarena sospecha que la estrategia de ruptura del soberanismo no ha terminado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que se encuentra "latente y pendiente de reanudación" cuando se recupere "el pleno control" de las competencias autonómicas. En el auto de procesamiento de 25 implicados en el "procés", Llarena plantea que esa posibilidad se aprecia "cada vez con mayor nitidez".

El magistrado expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, "la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal". Y que sería el mantenimiento de la movilización ciudadana lo que "terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república".

"Toma de rehenes"

Por otra parte, el juez afirma que el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre no fue "exclusivamente intimidatorio" sino que allí se limitó la capacidad de actuación "como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire".

Sostiene que los acontecimientos ocurridos ese día "determinaron el efecto inherente a la violencia", aunque ésta no estuviera planeada desde un inicio, y explica que "la muchedumbre actuó como una masa de fuerza" durante "las largas horas que duró el asedio".

Los hechos ocurridos durante el asedio, al que, según el juez, acudieron 60.000 personas, reflejaron que "existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia". El delito de rebelión, que atribuye a 13 de los 25 procesados, implica necesariamente el uso de la violencia.

ANC y Òmnium Cultural

La ANC y Òmnium Cultural, sigue el juez, se encargaron de promover una "intensa movilización ciudadana" para que el Estado acabara aceptando la secesión "ante las vías de hecho" y de difundir la "creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable", según el juez Pablo Llarena.

En el auto señala el "concierto de actuación" entre los partidos políticos independentistas con dichas asociaciones y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) en la hoja de ruta unilateral hasta la secesión.

Concretamente, el juez sostiene que Sànchez, exlíder de ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, "asumieron la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas" y de promover continuas movilizaciones que culminaron en la "incendiaria" convocatoria de concentrarse ante la sede de la consellería de Economía, durante el registro que la Guardia Civil practicó el pasado 20 de septiembre por orden judicial.

Por ese motivo, añade el magistrado, las entidades soberanistas, cuyos líderes "participaron en las conversaciones" para investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat, promovieron desde entonces "una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña, ante las vías de hecho que se desplegaron".