Finalmente, 2018 terminó sin el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos. En 2019, la exhumación se presenta como algo inminente. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el procedimiento administrativo está en sus últimos pasos".

En conversación informal con periodistas el mes pasado Sánchez bromeó que había tiempo hasta 2020, el final oficial de la legislatura, para exhumar a Franco. No obstante, su serio propósito es que en 2019 no exista ningún lugar de exaltación del dictador, como es hoy el Valle de los Caídos.

La exhumación, inminente según el Ejecutivo, será el final de un camino en el que el Gobierno se ha topado no solo con las reticencia de la familia Franco, dispuesta a obstaculizarlo todo lo posible, sino también con el desinterés de la Iglesia y la animadversión del PPy Ciudadanos.

Estos dos partidos se abstuvieron en septiembre cuando el Congreso convalidó el real decreto ley que marcaba las pautas para la exhumación. Allí se establecieron los pasos que debían darse a partir de entonces. Unos ya están listos y otros siguen pendientes.

Tal y como contempla el decreto, entonces se designó un órgano instructor que desde entonces es el encargado de gestionar los distintos informes con los que es necesario contar y comunicarse con las partes. En concreto, con la familia Franco y la comunidad de monjes benedictinos que gestiona la basílica del Valle de los Caídos. Los dos se oponen a la exhumación y han recurrido incluso al Tribunal Supremo para, sin éxito de momento, intentar parar el procedimiento.

En el caso de la familia, el Gobierno le daba la oportunidad de indicar un lugar para la inhumación de los restos, siempre que se cumpliera el propósito final, que no exista en España ningún lugar donde se exalte al dictador.

Los Franco contraatacaron con una oferta que el Ejecutivo no podía más que rechazar: como alternativa al Valle de los Caídos, exigieron que los restos fueran a una tumba de su propiedad en la catedral de la Almudena. Esto suponía sacar al dictador de su tumba a 60 kilómetros de Madrid para instalarla en el centro de la capital.

El Gobierno no tardó en rechazar la idea. De puertas para dentro, la posibilidad de que Franco terminara en la Almudena dio alas a las críticas por la falta de previsión con la que se hizo un decreto que no deja del todo cerrado el paso siguiente, la inhumación.

El decreto da instrucciones para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero no concreta cómo se determina el lugar alternativo donde deben depositarse. Sí dice que, si no hay acuerdo con la familia, corresponderá al Consejo de Ministros decidir el lugar de la "reinhumación".

Aún así, el Gobierno también ha intentado mediar con la Iglesia para evitar la Almudena, que de momento se ha lavado las manos diciendo que no puede negar "cristiana sepultura" en su templo.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, fue incluso al Vaticano para pedir la colaboración al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin. Éste se avino a buscar una solución pero no llegó tanto como a rechazar la inhumación en la catedral madrileña.

Finalmente, el Gobierno ha descartado la Almudena aludiendo a la Ley de Memoria Histórica, porque daría lugar a homenajes y exaltación. Un reciente informe de la Delegación del Gobierno también lo ha desaconsejado por motivos de seguridad.

Mientras se determina dónde volver a enterrar a Franco, los trámites siguen su curso. La Comunidad de Madrid ya determinó que no hay problemas sanitarios para la exhumación y el Ministerio de Justicia ha comunicado al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está el Valle de los Caídos, el proyecto de exhumación.

El desenlace final, "a pocos pasos", según Sánchez.

En conversación informal, Sánchez dice a los periodistas que los restos se exhumarán ese verano.

El Consejo de Ministros aprueba el decreto con los pasos para la exhumación. El Congreso lo convalida el 13 de septiembre.

Los Franco, que se niegan, desafían al Gobierno con llevar los restos a la Almudena.

Carmen Calvo va al Vaticano a pedir colaboración para sacar los restos del Valle y que no se inhumen en la Almudena. La Santa Sede no se compromete.

El Supremo admite a trámite el recurso de los Franco para paralizar el proceso. Días después lo rechaza.

Sánchez dice que "el procedimiento administrativo está en sus últimos pasos".

El prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera se niega a autorizar el acceso al Gobierno para proceder a la exhumación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el Ejecutivo se dirigirá a sus superiores ya que él carece de autoridad: "Estamos siendo absolutamente escrupulosos con la legalidad".