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Un grupo de los Comités de Defensa de la República (CDR) levantan las barreras en la salida de la AP-7 en el peaje de L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona). Jaume Sellart / EFE

El Gobierno español adoptará medidas para que no se vuelvan a producir los cortes y aperturas de peajes de autopistas en Cataluña como los perpetrados este fin de semana por los Comités de Defensa de la República (CDR), ante la pasividad de los Mossos, que no recibieron órdenes para actuar.

Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, quien ha tildado de "inadmisible" estos hechos y ha garantizado que el Ejecutivo adoptará medidas para que no vuelva ocurrir, si bien ha advertido de que aplicar el artículo 155 de la Constitución es "la última medida a la que hay que llegar".

"La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta en las que se encuentra el Gobierno porque esto no puede volver a ocurrir", ha manifestado Calvo. Además insiste en que lo que ocurrió en Cataluña "va a tener consecuencias", a la par que ha advertido de que el presidente catalán, Quim Torra, "no puede inhibirse cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía porque su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado que es, es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia".

Así, ha explicado que el Ejecutivo de Sánchez va a tomar medidas "en el marco de las competencias y del Estado de Derecho para que lo que ocurrió nunca más vuelva a ocurrir" pues, como ha agregado la vicepresidenta, "no se pueden cortar vías ni se puede impedir la libre circulación de bienes y de personas, que es un derecho fundamental, por ninguna actuación, y mucho más cuando se producen por inhibición de la actuación de los Cuerpos de Seguridad que dependen de la Generalitat".

El 155 "es la última medida a la que hay que llegar"

"El Gobierno está estudiando toda la capacidad de respuesta que tenemos en todas las vías posibles porque esto no puede ocurrir y menos cuando la seguridad depende fundamentalmente de la propia responsabilidad de Generalitat y de Torra, que tiene que saber que está en Cataluña para gobernar para todos, para establecer seguridad y tranquilidad en la convivencia y no para generar todo contrario", ha afirmado Calvo.

No obstante, preguntada por si es el momento de aplicar el 155, la vicepresidenta ha indicado que esa es "la última medida a la que hay que llegar" y que la Constitución y el Estado de Derecho establece situaciones de repuesta "en las que se encuentra el Gobierno central".

"Torra está para garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de Cataluña, y el Gobierno de España está para eso", ha proseguido antes de explicar que desde anoche el Ejecutivo está trabajando "en las medidas de reacción que vamos a determinar y que afectan a las competencia que tiene el Gobierno de España porque esto no puede ocurrir".

El PP pide en el Senado que se intervenga a los Mossos

El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha registrado este lunes, por otro lado, una moción para que el Gobierno de Pedro Sánchez haga "cuanto antes" una "intervención de los Mossos d'Esquadra" en base al artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional.

Lo avanzó el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un 'briefing' con periodistas en la Cámara Alta, al considerar que el Gobierno catalán "incita a la actuación violenta y no respalda a su Policía autonómica" e incluso "da instrucciones claras" para que no intervenga en supuestos "de riesgo" para los ciudadanos.

Al ver a la Policía autonómica "totalmente desamparada y a los funcionarios a los pies de los caballos", los populares han presentado esta moción que se debatirá en el Pleno del 18 y 19 de diciembre y con la que logrará que el Senado inste al Gobierno, en virtud de la Ley 36/2015, a dictar un Real Decreto en el que declare que en Cataluña existe una "situación de interés para la seguridad nacional".

En base a ello, el PP pide que se nombre una autoridad funcional con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan en materia de seguridad y orden público. "Es la medida más inmediata que se puede tomar", sostuvo el portavoz popular en el Senado.