En este sentido, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias es la responsable de la gestión de este contrato centralizado que señalan implica un "importante ahorro" económico para el archipiélago, especialmente "desde que hace un año se decidió incluir en el mismo al Servicio Canario de Salud (SCS), que representa el 64,5 por ciento" del suministro eléctrico que se contrata, mientras que el otro 35,4 por ciento corresponde al suministro previsto para el resto de edificios de la administración de Canarias durante ese mismo periodo.
Sin embargo, están excluidos de este contrato los ocho edificios de la administración autonómica sujetos a los contratos de colaboración público-privada firmados por la Comunidad Autónoma en 2016 para mejorar la eficiencia energética y prestación de servicios energéticos, y que han permitido que en el año 2017 se redujera en 3.646 toneladas de dióxido de carbono (CO2) la contaminación y disminuyera el consumo energético en 939.748 euros, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.
Estas acciones se enmarcan dentro de las políticas de ahorro y eficiencia energética que el Gobierno canario está impulsando para avanzar en la consolidación en el archipiélago de un sistema energético sostenible.
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