La Comisión de investigación parlamentaria sobre la crisis financiera ha aprobado este jueves el informe sobre sus trabajos. Ciudadanos (ha votado en contra) y Unidos Podemos (se ha abstenido) no comparten el relato de lo ocurrido, ya que, en sus palabras, "no señala a culpables" y no queda clara la "responsabilidad de los políticos". Anuncian votos particulares.

Los diputados han realizado tres votaciones: del informe, que incluye un relato de la investigación; de un documento con los antecedentes y la relación de comparecientes y la documentación; y de las conclusiones finales y las propuestas de futuro que han presentado los grupos. Las aprobadas se incorporarán al dictamen final. Estas son algunas de las afirmaciones del informe (el primero que se ha votado), de 107 páginas:

- Los diputados miran al exterior y afirman que la crisis inicial de las hipotecas subprime en Estados Unidos facilitó que las políticas monetarias de los principales bancos centrales "resultaran probablemente demasiado laxas". Y añaden que, aunque la quiebra de Lehman Brothers fue el acontecimiento de referencia, en España ya existían "desequilibrios".

- Siguiendo en esta línea, concluyen que al riesgo contribuyó "el exceso de liquidez a nivel internacional interactuando en una unión monetaria incompleta", pero destacan que el caso de España fue particular: entre 2000 y 2008, relatan, el crédito al sector de la construcción y promoción aumentó en un 661%, y el crédito hipotecario en un 335%.

- En los años en los que se gestó la crisis, es decir, antes de 2007, hubo un "hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo", al que ayudó la normativa vigente. Y como desencadenantes, dicen, los préstamos a empresas y el crédito a la promoción inmobiliaria, que fueron los que "sufrieron en un primer momento casos de morosidad e impagos".

- El informe dice expresamente que en los análisis realizados por "las autoridades" no se menciona mucho que, además de no haber control "de las condiciones en las que se concedían créditos a los ciudadanos", tampoco lo había en el caso de las empresas.

- Hubo "complacencia de gobiernos y organismos de regulación y supervisión" con las malas prácticas de los bancos y cajas, asevera el texto. Y también hubo "colaboración necesaria de empresas de rating, auditoras, tasadoras e intermediarios financieros de diversa índole". Esas malas prácticas eran, entre otras, la "desmesurada" titulización de activos, las preferentes y las obligaciones subordinadas.

- Según los diputados, Bancaja y Caja Madrid, "fueron pioneras en el negocio de productos derivados, para lo cual montaron una estructura offshore". Hubo unos 700.000 afectados, "muchos abocados a la ruina económica".

- El sector financiero, explican los diputados, "estableció como eje de negocio prioritario la colocación de hipotecas", sobre todo por rentabilidad. A la hora de captar nuevos nichos de mercado, acudieron a sectores de la población "con poca o nula capacidad de pago, por lo que el riesgo aumentaba. Con esto, las cajas experimentaron un crecimiento del volumen de capital mayor que los bancos.

- No obstante, el informe no cree que las malas prácticas se pudieran achacar de forma especial a unas (cajas) o a otros (bancos), sino que se debió más a "la gobernanza de cada entidad". Eso sí, los bancos tenían "más capacidad" de absorber la pérdidas "con recursos propios y mediante ampliaciones de capital".

- Los diputados no consideran que la potestad de "determinadas instituciones públicas" en el nombramiento directo de consejeros de las entidades fuera "negativa de por sí, aunque lo fuera en casos concretos". Por lo tanto, no comparte la idea de que el problema de las cajas era su "politización". En su opinión, las malas prácticas se debieron a "determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares", aunque no cita nombres.

- "Son las personas que toman de manera efectiva las decisiones últimas en relación a la gestión (...) las máximas responsables de la crisis", dice el informe, que añade que la "capacitación" de esas personas nada tenía que ver. Entre los motivos para llevar a cabo las malas prácticas están, según el texto: mejorar la cuenta de resultados y establecer remuneraciones e incentivos ligados a objetivos.

- Por último, los diputados creen que la resolución del Banco Popular "puede entenderse como un epílogo de la crisis", aunque sea "aventurado de afirmar".

- En cuanto a Bankia, sus señorías reconocen que "pocos ejemplos como éste han originado más preocupación y rechazo en la sociedad española". Opinan que la entidad y aquellas que la formaron "son un paradigma del catálogo de malas prácticas, gestión inadecuada y falta de respeto al ordenamiento jurídico".

- Recuerdan que Caja Madrid emitió participaciones preferentes "de la mano de Lehman Brothers" por valor de 600 millones euros desde Islas Caiman. Aunque su primer objetivo eran inversores institucionales, después se "colocaron a particulares y a clientes sin cultura financiera, escondiendo su verdadero carácter y simulando ser depósitos o inversiones normales".

- "Caja Madrid tuvo un papel principal en la burbuja del crédito hipotecario porque fue arrastrando a otras cajas", señala el informe. Destaca, asimismo, el protagonismo que tuvo la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) en la titulización de activos, de lo que concluye que había "una estructura estable y la aprobación de estas prácticas por las más elevadas instancias".

- El informe habla de "una gobernanza altamente defectuosa" en BFA-Bankia y "evidentes deficiencias en las prácticas de gobierno corporativo con anterioridad a la nacionalización del Grupo". Entre ellas, las tarjetas black.

- En opinión de sus señorías, "fue la desmesurada actividad crediticia la que fomentó la "psicosis" inmobiliaria, y no al revés". Y la mala praxis de las entidades "no fue abordada de manera adecuada por parte del regulador y el supervisor".

- Durante la gestación de la crisis, "ni por parte del Banco de España ni del Ministerio de Economía y Hacienda se dio respuesta alguna a la situación, pese a las continuas alarmas del cuerpo de inspectores". Después, "se diagnosticó un problema de liquidez y no de solvencia". El documento afirma que Banco de España "tuvo información contrastada" pero no impidió nada: "Se permitió la colocación a pequeños ahorradores de productos financieros complejos".

- El informe destaca que la crisis provocó una "crisis de confianza en el mercado y en las entidades financieras". Habla de "abusos" bancarios. Para revocar esto, propone poner el acento en la información al consumidor, "pero teniendo en cuenta que un exceso de información también puede implicar desinformación".

- Sus señorías concluyen que la crisis ha provocado también una "exclusión financiera" a tres niveles: territorial, por el cierre de muchas oficinas bancarias, sobre todo en municipios rurales; de regulación, ya que muchas personas con pequeños volúmenes de negocio corren ese riesgo; y tecnológico, sobre todo las personas de avanzada edad.

- La Comisión "reconoce el mérito de ciudadanos, plataformas y profesionales del Derecho que, en muchos casos de forma altruista, a través de sus demandas, sentencias, recursos en instancias nacionales y europeas, han conseguido que las Administraciones Públicas, los jueces y magistrados y los legisladores españoles actuaran y consiguieran un cambio en las prácticas bancarias".

- La Comisión cree que hay que mejorar la imagen y la reputación del sector, además de reconstruir la relación de confianza con los clientes. Y a pesar de todas las medidas que ya se han tomado para evitar que se repita lo ocurrido, apunta a la necesidad de "un entorno regulatorio claro y estable, en especial en las normas que afectan a la protección del consumidor".

- Se debería, añade, impulsar medidas para la transformación digital del sistema financiero. E informar de forma adecuada sobre los riesgos, derechos y garantías de invertir en productos nuevos como las criptomonedas. El documento propone una regulación adecuada que favorezca "la innovación y la tecnología financiera con la necesaria seguridad jurídica".

- Propone potenciar la colaboración entre el sector público y el sector privado "para favorecer el desarrollo de empresas Fintech en aceleradoras que aseguren las condiciones óptimas para el acceso a la financiación y al desarrollo del producto".

- El informe plantea, por último, dudas sobre la concentración actual de las entidades bancarias. "No todas las cajas de ahorro se vieron implicadas en problemas, no todas las entidades deben ir a un modelo de bancarización y cotización", señala. Y recuerda que al desaparecer las cajas, desapareció parcialmente su labor social, que queda "a discreción de los intereses de cada entidad".