El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto Ley que modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para que lo pague la banca cuando afecta a las hipotecas, aunque será tramitado como proyecto de Ley para recibir enmiendas.

El Pleno del Congreso ha respaldado la norma con 205 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, PDeCAT, Foro Asturias y UPN, entre otros) y 137 abstenciones (PP, PNV y EH Bildu), mientras que casi todos los diputados han aprobado que la Ley reciba enmiendas en su trámite parlamentario.

En este sentido, la mayoría de los partidos solicitarán medidas para que la banca no repercuta en el cliente el coste de tener que abonar el impuesto y mientras el PP y Ciudadanos pedirán también que sea suprimido o tenga un tipo cero; Unidos Podemos o ERC pedirán que se aplique con efectos retroactivos.

Los efectos en la banca y en los clientes

Durante el trámite de enmiendas, los grupos parlamentarios analizarán los efectos que puede tener sobre las subrogaciones el que la banca pague este gravamen o cuando los prestatarios son las Cajas de Ahorros o las Cooperativas de crédito.

En la defensa del real decreto ley, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado, no obstante, que todas las entidades financieras estarán obligadas a abonar el impuesto y que se mantendrán las exenciones vigentes para las hipotecas concedidas al Estado, la Iglesia o las ONG.

Además, ha confiado en que la banca no repercuta el impuesto a los clientes, como temen algunos grupos políticos, porque el "competitivo" mercado hipotecario español llevará a los usuarios a decantarse por las ofertas con mejores condiciones. En cualquier caso, ha recordado, el Ministerio de Economía trabaja en la puesta en marcha de una autoridad de protección de los clientes financieros para evitar cláusulas abusivas.

Con esta ley, ha afirmado la ministra, se contribuirá a movilizar la concesión de hipotecas, algo "bueno y conveniente" porque demuestra que las familias tienen capacidad de renta y la economía es "dinámica".

El Gobierno aprobó el real decreto ley dos días después de que el Tribunal Supremo dictaminara que correspondía a los clientes abonar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, con lo que contravenía una sentencia anterior del propio tribunal.