El Congreso ha acordado elevar los meses de impago que se requieren para que una entidad financiera pueda ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio): si el impago se produce en la primera mitad del préstamo, serán 12 meses, y si es en la segunda mitad del crédito, se exigirán 15 meses de deuda. Esto es lo que han acordado este martes la mayoría de los ponentes que tramitan la nueva Ley Hipotecaria,

El proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economía Luis de Guindos en noviembre de 2017 diferenciaba el vencimiento anticipado de un contrato en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un préstamo. Si las cuotas vencidas y no satisfechas se producían en la primera se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2% del capital concedido o el equivalente a 9 meses de impago. El acuerdo del Congreso fija estos límites en el 3% y 12 meses de impago. Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses. La nueva ley establecerá que el impago tendrá que suponer el 7% o 15 meses.

Sin embargo, Unidos Podemos ha lamentado que la nueva ley siga incluyendo esta cláusula que, según el diputado de la formación morada Rafael Mayoral, es abusiva y contraria a la jurisprudencia europea. Mayoral ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la ponencia, que el porcentaje de impago para ejecutar un inmueble debería ser de al menos el 10% del capital, tal como ocurre en Alemania.

Por otra parte, después de que la nueva Ley Hipotecaria fijara el reparto de gastos entre el cliente, que abonará la tasación, y el banco que se hará cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, de las primeras copias del notario, de los gastos del registro y de la gestoría, la ponencia ha decidido que la entidad bancaria no pueda imponer sus productos vinculados a la hipoteca.

Los seguros, planes de pensiones o pólizas de diferentes coberturas solo podrán establecerse cuando sean beneficiosas para el cliente y éste podrá adquirirla con otra entidad siempre que cumpla los requisitos que marca el contrato. "En este caso el prestamista deberá aceptar pólizas alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción inicial como en cada una de las renovaciones", afirma la nueva Ley Hipotecaria.

El prestamista, además no podrá cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el prestatario y "en ningún caso" la aceptación por el banco de una póliza alternativa distinta de la propuesta por su parte podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo.

Asimismo, otra de las cuestiones que marcará la nueva ley es que incluirá la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción y el coste de los procedimientos internos de los prestamistas para realizar esta evaluación no se repercutirá en el consumidor.