Madrid por la seguridad de todos. Exigimos trabajar en paz. No más muertes. Con este lema, unos 1.000 joyeros y comerciantes de la Comunidad, acompañados del consejero de Presidencia, Francisco Granados, y de varios diputados regionales del PP, se manifestaron hoy por las calles del centro de la capital.

Los manifestantes exigieron la puesta en marcha de medidas que contribuyan a frenar la "oleada delictiva" que aseguran venir sufriendo durante los últimos años durante una marcha que partió, pasadas las 20.15 horas, de la glorieta de Ruiz-Jiménez y finalizó, una hora y cuarto más tarde, en la calle de San Bernardo, frente a la sede del Ministerio de Justicia.

Durante la protesta se pudieron ver pancartas en las que se podían leer lemas como Atracos-Inseguridad: soluciones ya y El comercio tiene miedo, al tiempo que proclamaron consignas del estilo de "Nos quieren matar por ir a trabajar", que derivaron al termino de la marcha en gritos de "Zapatero, embustero" y "Este Gobierno es un infierno".

La Confederación Española del Comercio, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA) apoyaban la convocatoria.

La protesta ha estado precedida de los paros de diez minutos que se han producido al mediodía, iniciativa que ha sido secundada en toda España y que, al igual que la marcha, estaba abierta a todos los comerciantes de la región que quieran adherirse, no sólo a los joyeros.

Estas acciones de protesta se producen como reacción del sector ante el asesinato del joyero Antonio Sancho, ocurrido en Móstoles el pasado día 9, cuando recibió un disparo a bocajarro por parte de unos atracadores que horas antes habían acudido a su local como clientes.

Medidas judiciales más duras

En esta línea de trabajo, representantes del Gremio de Joyeros y de COCEM se reunieron el pasado jueves con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para solicitarle medidas penales para que un delincuente que reincida pase a prisión provisional, y que se agraven las penas en aquellos delitos que cometido con armas de fuego, en establecimientos públicos y perpetrados en grupo y asociación de criminales.

Igualmente plantean la posibilidad de inhabilitar para el comercio a aquellas personas que hacen negocio con mercancía robada, y reclaman un "control especial" de individuos y grupos de delincuentes extranjeros que, "al amparo de un escenario legislativo tolerante eligen España como destino criminal de rentabilidad".