El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes el decreto de asistencia jurídica gratuita que, entre otros aspectos, crea módulos específicos para los casos de violencia de género y ofrece a las víctimas la posibilidad de mantener el mismo letrado de oficio desde el inicio del proceso hasta el final.

El decreto de asistencia jurídica gratuita tiene por objeto la regulación del procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, así como el régimen de funcionamiento y colaboración de los órganos e instituciones que intervienen en el mismo.

La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno que este decreto tiene como objetivo "alcanzar la máxima eficiencia" en la gestión del sistema de justicia gratuita, que el año pasado prestó servicio en Euskadi a 21.564 personas.

Asimismo, ha destacado que el articulado del decreto cuenta con el "consenso" de los colegios profesiones de la abogacía y de la procura, adapta las novedades legislativas y simplifica los trámites administrativos.

También crea módulos específicos para los casos de violencia de género, establece módulos particulares para casos de "especial complejidad" e incrementa un 2% los baremos actualmente vigentes para la retribución de abogados y procuradores, así como las asignaciones a sus respectivos colegios profesionales.

Según ha detallado, el número de profesionales inscritos en Euskadi en el Turno de Oficio es de 2.700 -2.400 de la abogacía y 300 procuradoras y procuradores-.

Además, ha recordado que el Gobierno Vasco ha destinado en 2018 a Asistencia Jurídica Gratuita 14.580.000 millones de euros y en el Proyecto de Presupuestos de 2019 se contempla un incremento del 3,4%.

San José ha explicado que este decreto, que entrará en vigor el 1 de enero aunque tendrá efectos económicos desde el pasado 1 de octubre, es de aplicación para el reconocimiento por la Administración del derecho a la asistencia jurídica gratuita en relación con todo tipo de procesos ante los órganos judiciales con jurisdicción en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

También se aplicará a los procedimientos administrativos, cualquiera que sea la Administración competente, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

En particular, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género con respecto a los procedimientos administrativos que se susciten ante la Administración autonómica y ante las Administraciones locales, corporativas e institucionales con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Igualmente resulta de aplicación la presente normativa a aquellos procesos de solución de conflictos, como la conciliación, mediación o arbitraje, amparados por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.