La tensión dentro del independentismo se hizo más que evidente este jueves hasta el punto que, como ya pasó en julio, se suspendió la actividad parlamentaria y no se celebró la última sesión del Debate de Política General.

Tras un día de vértigo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió a las 20.23 horas suspender el pleno y aplazarlo hasta la semana que viene por el desacuerdo entre los socios de gobierno de JxCAT y ERC sobre la suspensión de los seis diputados procesados que ordenó el juez Llarena. El desacuerdo radica en la interpretación del pacto que cerraron el martes ambos partidos sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados procesados, en la diferencia entre "designar y delegar" para poder votar.

Mientras ERC considera que los diputados deben solicitar de nuevo la delegación de voto (como ya hicieron el miércoles Oriol Junqueras y Raül Romeva); el grupo de JxCAT interpretaba que como los procesados ya habían pedido delegar el voto en verano, no era necesario que los procesados volvieran a firmar la solicitud y por eso ayer comunicaron a la Mesa que su portavoz Albert Batet "continuará votando" en representación de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull.

Recordaba el escrito que el pleno de la Cámara "rechazó la suspensión" de los diputados procesados. De hecho, el mismo Puigdemont aseguró desde Bruselas que "el pleno del Parlament es soberano y ha decidido no suspendernos".

Ese aspecto fue el que hizo estallar una crisis tan profunda que provocó que Roger Torrent convocara una reunión de urgencia en su despacho de presidente del Parlament a la que asisitió el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresidente Pere Aragonès; la portavoz del Govern, Elsa Artadi; el lider de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el conseller Ernest Maragall.

Tras cinco horas de reunión, JxCAT y ERC dieron por zanjada la crisis, garantizaron la estabilidad del Govern y atribuyeron sus problemas a la situación "de excepcionalidad judicial y política" que, según aseguran, se vive en Cataluña.

Pero el acuerdo no cierra los posibles problemas judiciales con los que se puede encontrar el presidente Roger Torrent y también la Mesa, ya que según los letrados del Parlament (que no redactaron ningún informe y cuyo consejo no es vinculante) la fórmula de JxCAT no es válida porque los diputados suspendidos "deben designar a un sustituto" en cumplimiento del auto que dictó el Tribunal Supremo.

Un aspecto que destacó el líder del grupo del PSC-Units, Miquel Iceta, que presentó un escrito dirigido a Torrent en el que solicita un informe jurídico a los letrados para conocer si la fórmula de JxCAT se ajusta al auto del Supremo. Si no es así, recurrirán al Constitucional.

Además, los grupos de la oposición recordaron a Torrent que se pueden repetir los hechos de la pasada legislatura con Carme Forcadell como presidenta del Parlament. La líder de Cs, Inés Arrimadas, lamentó la "indignación, vergüenza y tristeza" en una "semana negra" para Cataluña; la portavoz de los comuns, Jéssica Albiach, denunció que "ERC y JxCAT están degradando las instituciones"; y el portavoz del PPC, Xavier Garcia Albiol, calificó la jornada de "farsa democrática".

Más allá fue la portavoz de la CUP, Maria Sirvent, que anunció que convocarán a la militancia para valorar los hechos conjuntamente y "tomar decisiones al respecto". El mensaje de tranquilidad lo transmitió al final de la jornada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien llamó a "construir convivencia" dentro del "respeto a la Constitución y al autogobierno catalán".