JxCat y ERC han acordado este miércoles que los seis diputados del Parlament suspendidos por el Tribunal Supremo puedan ceder temporalmente sus funciones a un miembro de su grupo que ellos designen, hasta que se resuelva su situación jurídica, aunque formalmente el pleno rechace suspenderlos.

Así lo plantean en la propuesta de dictamen de la comisión del estatuto de los diputados que han registrado en el Parlament, firmada por Marta Madrenas (JxCat) y Mònica Palacín (ERC).

El juez del Supremo Pablo Llarena estableció la suspensión de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) y de Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC), procesados por el 1-O, aunque abrió la puerta a que puedan ser sustituidos temporalmente en el Parlament, hasta que se resuelva su situación judicial.

JxCat y ERC han librado desde antes del parón veraniego un pulso sobre qué respuesta dar al Supremo, una discrepancia pública que forzó incluso la suspensión de un pleno en julio.

Mientras en JxCat eran partidarios de dejar al expresident Puigdemont al margen de la sustitución temporal planteada por Llarena, en ERC defendían una solución unitaria para los seis afectados que evitara obligarlos a dejar el escaño y permitiera que otro diputado de su grupo asumiera provisionalmente sus funciones.

Finalmente, el texto propuesto por JxCat y ERC señala una solución conjunta para los seis implicados -sin dar un trato diferencial a Puigdemont- y plantea una doble salida.

Por un lado, y para marcar distancias con la suspensión apuntada por el Supremo, elevan la cuestión al pleno del Parlament para que acuerde "por mayoría absoluta" si suspende o no los "derechos y deberes parlamentarios" de Puigdemont, Sànchez, Turull, Rull, Junqueras y Romeva.

Aunque los independentistas hagan valer su mayoría en la cámara para rechazar formalmente la suspensión, JxCat y ERC prevén, en su texto, que puedan delegar en otro diputado de su grupo todas sus funciones parlamentarias.

En concreto, la propuesta sugiere que "mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios" de los seis diputados puedan ser "ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario" ellos mismos "designen".

En la práctica, por lo tanto, los seis diputados suspendidos por el Supremo no ejercerán sus derechos parlamentarios y delegarán su voto, tal y como planteaba inicialmente ERC basándose en un informe de los letrados del Parlament.

En la exposición de motivos de la propuesta, se subraya que los diputados afectados "han actuado siempre de forma cívica, pacífica y democrática" y se hace hincapié en la situación concreta de Puigdemont, que "se encuentra en libertad" después de que un tribunal alemán declarara "inadmisible" su extradición por rebelión.

Por ello, JxCat y ERC consideran "inaplicable" la suspensión de los diputados a los que hace referencia el Tribunal Supremo. Además, argumentan que "la autonomía parlamentaria protege a la institución de injerencias externas" y, en concreto, el reglamento del Parlament "habilita un mecanismo específico para supuestos de suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios", por lo que corresponde a su juicio a la comisión del estatuto de los diputados examinar la cuestión y presentar un dictamen.

Tildan de "inaceptable, desde un punto de vista democrático, que un juez intente privarles -a ellos y a la ciudadanía- del derecho a la representación política" e insisten en que la "medida provisional prevista" no puede implicar "en ningún caso" la "pérdida de la condición plena de diputado, ni puede provocar un daño irreversible en los derechos políticos de los parlamentarios".

La solución planteada por JxCat y ERC, remarca el texto, permite que el Parlament "mantenga las mayorías emanadas de las urnas" en las elecciones del 21D, que los diputados "mantengan las actas" y que "las votaciones realizadas en el pleno sean efectivas".

Esta tarde, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el viernes la reunión de la comisión del Estatuto de los Diputados, para aprobar el dictamen sobre el caso de los diputados suspendidos por el Supremo, antes de elevarlo al pleno, pese a las protestas de Ciudadanos y el PSC en la Mesa.

Mientras tanto, en la comisión de Interior del Parlament ha vuelto a darse, como ocurrió en otras comisiones, un bloqueo en las votaciones, a raíz de la situación de los diputados suspendidos.

Tras un empate a votos en una propuesta de resolución sobre seguridad en el municipio de Salt (Girona), el presidente de esa comisión, Matías Alonso (Cs), ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que muestra su "voluntad de acatar el ordenamiento democrático vigente" y pide a este órgano que, dado que los diputados están "suspendidos", se "proceda a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal".