El Gobierno ha decidido en Consejo de Ministros, tal y como había anunciado, poner en marcha el procedimiento para modificar el régimen de los aforamientos en la Constitución, pero en lugar de presentar una propuesta, ha decidido encomendársela por anticipado al Consejo de Estado.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que sí ha confirmado que la reforma solo afectará a los parlamentarios y miembros del Gobierno, lo que choca directamente con las peticiones realizadas desde partidos como Podemos.

La formación de Pablo Iglesias ha manifestado también en los últimos días que la reforma debería tocar al rey, pero la portavoz ha recordado que el jefe del Estado "es inviolable" y que plantear un cambio en su condición constitucional supondría un "procedimiento agravado", por lo tanto, "no entra en absoluto en este paquete". En todo caso, ha apostillado, para el Ejecutivo "es importante que el rey la mantenga (la inviolabilidad)".

En cuanto a la consulta anticipada al Consejo de Estado —"preceptiva", recuerda, y que se produciría antes o después—, pretende "contribuir a la calidad normativa del texto". Celaá ha deslizado que el pronunciamiento previo de este órgano y la posterior propuesta del Gobierno basada en el mismo pondrá más difícil al resto de partidos una negativa rotunda a la reforma y, sobre todo, una negativa ex ante.

Y ha rechazado, ante las preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo esté delegando su responsabilidad en el Consejo de Estado, ya que la consulta, ha dicho, es "sobre el procedimiento" y no tiene nada que ver con la intención política, que es la de "restringir los aforamientos". Considera que este órgano realizará "un análisis jurídico" tal que acotará la reforma y garantizará así un posterior consenso.

En cuanto el proyecto esté listo y haya llegado al Congreso de los Diputados, ha asegurado la portavoz, la reforma podría aprobarse en 60 días "si hay voluntad de acuerdo". Celaá ha afirmado que el Gobierno está "convencido" de que la iniciativa, que afecta a los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, saldrá adelante.