Exámen médico
Un médico revisa unas pruebas, en una imagen de archivo. GTRES

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la sentencia que condena a la sanidad púbica de las islas a indemnizar a una familia con 1,3 millones de euros por una grave negligencia, la mayor compensación impuesta hasta la fecha en España por una mala asistencia médica.

En concreto, el Servicio Canario de la Salud (SCS) no avisó a una madre portadora de una rara enfermedad hereditaria, pero que no siempre se transmite, el síndrome de Lesch Nyhan, de que las pruebas que le habían hecho durante la gestación para descartar que el feto la hubiera contraído estaban contaminadas y no eran fiables.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el TSJC confirma así un fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.

Así, se considera probado que "la falta de diligencia" de algunos de los profesionales que intervinieron en este caso ha provocado que esta familia tenga que afrontar unas "consecuencias devastadoras" (los pacientes con Lesch Nyhan llegan incluso a automutilarse de forma compulsiva).

"No hay dinero en el mundo"

En su recurso contra esa sentencia, el SCS ni siquiera discutió la responsabilidad en la que había incurrido la sanidad pública por esa negligencia, sino que solo encontraba "desproporcionada" la cuantía concedida como compensación por los daños generados.

"No hay dinero en el mundo para compensar el daño en cuestión", le responde ahora el TSJC, que entiende que "la muy elevada indemnización" fijada por la juez de instancia es "proporcional al muy elevado daño causado" al propiciar que esa familia tenga un segundo hijo con "el mismo terrible síndrome" (el primer hijo de la madre ya lo tenía y por ese motivo se hizo el diagnóstico prenatal).

El despacho jurídico Lex Abogacía de Madrid, que ha defendido el caso, ha remarcado a Efe que se trata de la mayor indemnización por una mala praxis médica concedida hasta el momento en España por los tribunales de lo Contencioso Administrativo, en los que se resuelven los casos que afectan a los centros sanitarios públicos.

Contra la sentencia del TSJC que confirma esta indemnización aún cabe recurso.