Carlos Cruzado
El presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. EP

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que la subida del IRPF que plantea Unidos Podemos al Gobierno afectaría al 0,46% de los declarantes, es decir, a 90.788 personas, que pagarían una media de 4.400 euros más cada año, lo que se traduciría en un incremento del 2,1% de su factura fiscal.

Así lo señaló este jueves Gestha en un comunicado en referencia a la posibilidad de que el Ejecutivo acepte la medida propuesta por la formación morada en el marco de las negociaciones para aprobar la senda de déficit y los Presupuestos de 2019.

La iniciativa consistiría en elevar este impuesto a las rentas superiores a los 150.000 euros, lo que, según los cálculos de los técnicos del ministerio, serviría para recaudar unos 400 millones de euros.

El sindicato agrega no obstante que la recaudación que se lograría "podría aumentar en otros 1.500 millones si se alcanzara un acuerdo para equiparar la tributación de las rentas del ahorro con la de la renta general para quienes perciban rendimientos del capital de más de 50.000 euros e ingresen rentas totales por encima de los 150.000 euros, según apuntan las negociaciones".

En este caso, los técnicos señalan que estarían afectados únicamente el 0,44% de los perceptores de las mayores rentas del capital, 86.198 personas, quienes abonarían un pago adicional de unos 17.300 euros, lo que supondría un aumento del 15,7%.

De forma paralela, Gestha considera que esta medida "reduciría la dualidad actual del IRPF, por la que 8.481 afortunados perciben rentas del capital de casi 900.000 euros de media, pagando menos de un 23% con el privilegiado régimen tributario de las rentas del ahorro".

Planes de pensiones

Sin embargo también advierten de que en el IRPF "quedaría el fleco de reducir las ventajas fiscales que ofrecen los planes de pensiones, que son regresivas al disminuir la progresividad del impuesto y concentrar las mayores aportaciones en las rentas más altas; y que actualmente tienen un coste para el Tesoro de unos 2.000 millones en la parte estatal y autonómica".

Sobre este punto, Gestha añade que "las transferencias que se realizan a estos productos de ahorro e inversión constituyen la herramienta preferida por las mayores rentas para reducir la progresividad de su base imponible, de manera que en 2016 casi la mitad de las aportaciones corrió a cargo de Hacienda".

Nuevos tramos

En cuanto a los tipos máximos de gravamen en este impuesto, los técnicos recuerdan que "España ocupa el puesto 15 de la UE" y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda "que las tasas de tributación marginal aplicadas a quienes ganan el máximo tendrían que ser significativamente más altas que las actuales".

"Las economías avanzadas con niveles relativamente bajos de progresividad en el IRPF pueden tener margen para subir las tasas impositivas marginales máximas sin mermar el crecimiento económico", agregan.

Por ello, Gestha defiende crear tres nuevos tramos por encima de los 60.000 euros actuales, situándolos en los 120.000, 175.000 y 300.000 euros, tal y como hizo el Gobierno del PP en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014.

Lucha contra el fraude

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha asegurado que el Ejecutivo debería tener en cuenta esa recomendación del FMI de subir el IRPF en los tramos más altos de renta, ya que "hay margen para aumentar impuestos a las rentas más altas".

En su intervención en el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser, el presidente del sindicato ha resaltado que la presión fiscal en España está casi seis puntos por debajo de la media de la UE.

Respecto a elevar los ingresos a través de la lucha contra el fraude, el presidente de Gestha ha señalado que es "importante" afrontar esta cuestión, por un lado duplicando la plantilla de la Agencia Tributaria a medio y largo plazo y, por otro, cambiando los planes de control, así como "desplazando la lupa" hacia las empresas y las grandes fortunas para luchar contra el fraude fiscal.

Para Cruzado, todos los partidos políticos han incidido en la lucha contra el fraude fiscal en sus programas electorales, pero en la práctica las leyes vigentes son "insuficientes" y es "necesario" un cambio de modelo en esta dirección.