La Asociación Profesional de Peritos Inmobiliarios de Galicia, APPIG, presentó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo una denuncia contra el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y la concejala de Urbanismo, Carmela Silva, por un presunto delito de prevaricación en el proceso de tramitación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Según explicó hoy el presidente de esta asociación, Carlos González Armada, esta demanda, que fue presentada en los juzgados el pasado martes, tiene como finalidad "que se investigue" la presunta comisión de un delito de prevaricación por parte de los responsables municipales, a quienes acusó de "haber incumplido la ley a sabiendas de lo que hacían".

En ese sentido, González Armada recriminó al regidor vigués y a la responsable de Urbanismo que hubiesen "ocultado o manipulado" informes técnicos en los que se determina la necesidad de que el PGOM tenga que ser sometido nuevamente a una exposición pública, tras los cambios introducidos para cumplir la orden de la Xunta y para incrementar la reserva de suelo para vivienda protegida.

Los peritos inmobiliarios consideran, además, que las modificaciones efectuadas en el planeamiento "perjudican gravemente a muchos ciudadanos, que no han tenido oportunidad de presentar alegaciones". Asimismo, argumentaron que, entre otras irregularidades, "se ocultan datos a los propios técnicos municipales, a los que se les piden informes sin darles toda la documentación para poder elaborarlos".

El presidente de APPIG también denunció la vulneración del derecho de igualdad ya que, mientras a los promotores "se les imponen determinadas cargas" asegurando que los desarrollos urbanísticos van a ser rentables, a la Zona Franca se le beneficia con una cláusula en la que se acuerda un nuevo convenio si el actual no resulta rentable.

La denuncia de APPIG solicita, además de la investigación, que se cite a declarar a asociaciones de afectados y propietarios, la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin), la Unión de Consumidores de Pontevedra, la empresa redactora del Plan, los ex concejales de urbanismo Xabier Toba (BNG) y José Manuel Figueroa (PP), y al ex gerente de Urbanismo, Xabier Rivas.

Además, también pidieron la comparecencia de la concejal del BNG, María Méndez, porque, según explicaron, "existen sospechas" de que pudiera tener intereses particulares en la aprobación del Plan, por lo que "no debería haber votado" en el Pleno en el que se dio luz verde al documento.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, preguntado por los periodistas acerca de esta denuncia, manifestó su intención de no hacer comentarios. Con respecto a posibles retrasos en la aprobación del Plan por parte de la Xunta debido a problemas medioambientales, aclaró que la Consellería de Medio Ambiente "sigue estudiando la concesión de inviabilidad para posponer la declaración ambiental" y se mostró convencido de que "dará el visto bueno".

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