El Govern no retornará el 10% de la paga extra de 2013 a los trabajadores públicos de la Generalitat en 2018, cifra que representa unos 50 millones de euros y que se había acordado en la última mesa general de la Función Pública celebrada hace un año, y tampoco ha presentado un calendario de recuperación en su totalidad de las pagas extras de 2013 y 2014.

Así lo lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, tras presidir esta mesa, en la que está representada la Administración y los sindicatos mayoritarios de la función pública UGT y CC OO de Catalunya y la IAC, y que ha terminado sin acuerdo.

El conseller ha justificado que no lo hará porque debe cumplir con la actual regla de gasto del Estado, que deriva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012, y le ha pedido al Ejecutivo central "flexibilizar" las condiciones de esta normativa para poder hacer efectivo el pago lo antes posible, por lo que ha anunciado que se reunirá a partir de septiembre con su homóloga en el Gobierno, Meritxell Batet, y con el Ministerio de Hacienda para negociarlo.

"Mantenemos el compromiso de hacerlas efectivas [las devoluciones de las pagas extras] cuanto antes mejor", ha resaltado Puigneró.

Las negociaciones de la mesa de la Función Pública también está previsto que se retomen en septiembre, cuando se acabará de definir el incremento salarial para los trabajadores de la Administración en 2018, que el Govern ha planteado situar en el 1,95% y que supondrá destinar un total de 279 millones de euros.

El incremento salarial se desglosa en el 1,5% autorizado por la Ley de los Presupuestos Generales del Estado y un 0,25% adicional por haber cumplido los objetivos de crecimiento del PIB del 2017, aumentos que el conseller ha propuesto empezar a pagar a partir de otoño y con efectos retroactivos.

Según han informado los sindicatos tras la mesa, Puigneró no asegura que se acabe aplicando el 0,20% restante al no haberse alcanzado un acuerdo este viernes, incremento que se habría consensuado incorporar directamente a la masa salarial y no a través de la implementación de proyectos de mejora de la productividad y la eficiencia o de la aportación a planes de pensiones como en un principio ha sugerido el Govern.

El representante de CC OO de Catalunya Joan Maria Sentís ha criticado en la mesa que no se hayan planteado más concreciones temporales sobre las propuestas que ha traído el Govern, tanto en referencia al retorno de las pagas extras como de los incrementos salariales propuestos, después de "tantos años esperando" por parte de los trabajadores públicos.

Sentís ha resaltado que los empleados de la Administración "lo único que reciben de los gobiernos —el central y el catalán— son golpes y recortes" y le ha pedido a Puigneró más compromisos políticos con estos.

Por su parte, la representante de UGT de Catalunya Encarna González ha defendido que no renunciarán al 0,20% cuando se retomen las negociaciones en septiembre pero que tampoco lo harán con otros aspectos, como continuar pidiendo una Ley de Función Pública: "Es el momento de hacer un Pacto Nacional de los Servicios Públicos", y ha defendido que serviría para protegerlos.

Por último, la portavoz de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Assumpta Barbens, ha alertado de que el Govern solo ha planteado voluntades "que están hartas de ver y que no se cumplan", y ha esperado que en septiembre cambie su actitud.

El Govern también había propuesto que los empleados públicos cobrasen desde el primer día de baja laboral, que se iba a incluir en la aprobación del decreto ley del incremento salarial, pero que, como tampoco se ha llegado a un acuerdo en lo demás, no se ha podido acabar acordando.