Elecciones
Dolors Torrents, delante de la sede de la asociación Discapacidad Intelectual Catalunya, tras haber logrado recuperar su derecho al voto. DINCAT

 La comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, respaldó este martes a la demandante española que recurrió ante el Tribunal de Europeo de los Derechos Humanos para demostrar que negar el voto a las personas con discapacidad cognitiva constituye una discriminación.

Mijatovic se pronunció en relación al caso que enfrenta contra España a la gallega María del Mar Caamaño, madre de una joven con un retraso cognitivo que no puede votar por una sentencia del Supremo que consideró que esta no tenía conocimiento suficiente del derecho electoral español.

La comisaria se pronunció en calidad de "tercera parte", una figura prevista por el Convenio europeo de derechos humanos y que en un juicio le permite ofrecer razonamientos vinculados con los hechos de un caso antes de que se resuelva.

Aunque un juez haya incapacitado jurídicamente a una persona para votar -la única manera de impedir el derecho a sufragio a discapacitados en España-, esta práctica es contraria a las normas del Consejo de Europa y de otras organizaciones internacionales e incompatible "con ningún objetivo legítimo", dijo Mijatovic.

"En una democracia moderna, ningún elector debe explicar por qué vota a tal partido o candidato", añadió la comisaria, según la cual pese a la idea de que retirar el voto permite proteger a ese individuo en verdad "perpetúa la exclusión y el estigma y priva a la sociedad de cargos que la representan en toda su diversidad".

En sus conclusiones, enviadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado 9 de julio, recordó que los Estados deben cumplir ciertas "obligaciones positivas" para que personas en situación de discapacidad intelectual o psicosocial puedan ejercer su derecho. Entre ellas, ayudarlas a entender en qué consiste una elección y cómo votar.

Mijatovic subrayó que el derecho a voto de esas personas debería defenderse "sin excepción" y destacó que la situación en España es representativa de una tendencia más general que prevalece en Europa, por lo que recordar a esos países sus obligaciones podría "acelerar" los cambios necesarios

Se calcula que unas 100.000 personas están privadas de derecho a voto en España.