Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez han pedido al Tribunal Supremo que los deje en libertad, ante el "contexto de normalización política" que se vive en Cataluña y para rebajar una "tensión social" que creen puede agravarse de cara a la Diada o al aniversario del 1-O.

En su escrito, la defensa de Rull, Turull y el también expresidente de la ANC Jordi Sànchez apela a los cambios en las "circunstancias del contexto social y político" para pedir su excarcelación, especialmente tras la reunión de la semana pasada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

La defensa alude también a las "buenas perspectivas" que abren las "resoluciones de otros países europeos" para la causa, después de que la justicia alemana haya acordado extraditar a Carles Puigdemont sólo por malversación, y reclaman medidas cautelares menos gravosas que la prisión, para lo que ponen todo su patrimonio a disposición del tribunal como prueba de que no huirán.

El escrito insiste en que "no puede hacerse abstracción del contexto de normalización política que se está viviendo actualmente en Cataluña", como según la defensa demuestran las reuniones entre ministros y consellers y el hecho de que las instituciones catalanas, "tanto parlamentarias como de gobierno, no hayan incurrido en desobediencia alguna" al Constitucional o al Supremo en esta legislatura.

Jordi Pina, abogado de los tres procesados, recuerda que el juez Llarena aseguró en un auto en su día que el fin de la prisión preventiva era garantizar el "acertado retorno de Cataluña al autogobierno".

En ese sentido, recalca que "ya hace meses que Cataluña ha recuperado su autonomía sin que se haya cometido delito alguno por parte de sus cargos públicos" y que Rull, Turull y Sànchez "han expresado reiteradamente su compromiso con la legalidad y la voluntad de alcanzar sus objetivos políticos por medios pacíficos y democráticos".

La defensa advierte al Supremo de que "existe un importante consenso entre las fuerzas políticas catalanas de diverso signo, tanto en el gobierno como en la oposición, e incluso entre algunos miembros del poder judicial" en que la prisión preventiva "no contribuye, sino todo lo contrario, a resolver la compleja situación política que se vive en Cataluña (...)".

Por el contrario, razona el abogado, "su encarcelamiento es un factor que genera evidente tensión social, como demuestran algunos incidentes -por fortuna leves- entre quienes reivindican la libertad de los presos y quienes no comparten tal reivindicación".

Esa situación, alerta Jordi Pina, "podría agravarse en los meses próximos, cuando se conmemoren fechas significativas como el 11 de septiembre o el 1 de octubre".

"La puesta en libertad de los procesados contribuirá, sin duda, a rebajar dicha tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas cuyo trasfondo es esencialmente político y no judicial", añade el escrito, que insiste en que la idea de que los procesados puedan "recurrir a acciones violentas para alcanzar sus objetivos resulta sencillamente inimaginable".

Tras añadir que sus clientes podrían "perfectamente haber huido y beneficiarse de la defensa existente en Bélgica", el abogado sostiene que el hecho de que otros procesados "puedan no estar a disposición de los tribunales españoles nunca debería ser razón para empeorar la condición de quienes" decidieron acudir al llamamiento judicial.

El hecho de que la justicia de otros países europeos no haya apreciado violencia en el "procés" invita, según la defensa, "a pensar en una importante rebaja futura de las pretensiones acusatorias", lo que según la defensa debe reflejarse en la revisión de la prisión preventiva de sus clientes.

Para la defensa, "llama poderosamente la atención -y debería mover a la reflexión al Tribunal Supremo de España sobre su sensibilidad garantista- que los tribunales de países como Alemania, Reino Unido o Bélgica estén dejando en libertad a personas pendientes de extradición pese a su escaso arraigo en aquellos países y que, en cambio, aquí se encarcele preventivamente durante tantos meses a personas todavía inocentes (...)".

El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el diputado de ERC en el Parlament y exconseller Raül Romeva han pedido a la Sala Penal del Tribunal Supremo su puesta en libertad provisional porque ya no forman parte del Govern y no pueden incidir en él, con lo que no hay riesgo de reiteración delictiva.

En el escrito del abogado Andreu Van den Eynde, se resalta que Junqueras lleva 257 días en prisión provisional y Romeva 115 días, y se solicitan unas medidas menos gravosas para ellos como las comparecencias diarias, el control policial, los dispositivos de rastreo telemático o la prisión domiciliaria, entre otros.

Van den Eynde asegura que los dos exmandatarios ya no forman parte del Govern y que "éste está actualmente desarrollando su actividad con normalidad". "La soltura de mis mandantes no puede incidir en lo más mínimo en actuaciones de gobierno que pudieran remotamente asimilarse a los ilícitos por los que se ha procesado. No hay riesgo de reiteración delictiva relevante", alega.

En el plano personal, resalta que la reclusión está afectando sobre todo a sus esposas e hijos menores de edad, y recuerda "la necesidad de hacer esfuerzos para evitar afectar a dicha relación paterno-filial en la medida de lo posible dada la situación de prisión".

También alega a que el derecho de defensa se vería facilitado si estuvieran en libertad para poder preparar una causa compleja, además de que así se evitaría la estigmatización de los procesados que, si se mantiene su prisión provisional, habrán de acudir cada día a la vista desde prisión.

"Dicha situación no sólo afectaría a su consideración pública nacional e internacional, sino directamente a su presunción de inocencia, amén de suponer un inmerecido calvario de traslados. No es lo mismo acudir a un Juicio Oral de pocas sesiones y en situación de libertad, que a múltiples sesiones estando cada día en prisión", argumentan.

Para sustentar su petición de medidas menos restrictivas citan el artículo 9 del Pacto de Derechos Políticos y Civiles, la regla 6 de las Reglas de Tokio, y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 'Ladent contra Polonia' de 2003.