El tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha decidido entregar a Carles Puigdemont a España, pero solo por malversación y no por rebelión, como pidió el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Además, y también contra el criterio del fiscal, considera que el político debe seguir en libertad, ya que hasta el momento ha cumplido con todas sus obligaciones judiciales.

Todavía no hay fecha para la ejecución de la euroorden, ya que la decisión de este jueves es recurrible, aunque no por la Fiscalía (quien debe ejecutarla). Parece que la defensa del expresident lo hará: "Tendremos que recurrir la parte de malversación pero, sin duda, hoy es un buen día", ha dicho uno de sus abogados. Pueden hacerlo ante el Constitucional alemán, previo recurso de reforma para agotar la vía interna.

En opinión del tribunal (Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein), los hechos que el magistrado español atribuye al expresident no se corresponden con los que en Alemania constituirían un delito de "alta traición" (artículo 81 del Código Penal) o uno de perturbación del orden público (125).

Es decir, durante las fechas clave del procés (20 y 21 de septiembre y 1 de octubre de 2017) no se dio la violencia suficiente -argumento que mantiene el tribunal alemán desde el principio y que ya expuso hace unas semanas en una resolución provisional- como para considerar que hubo algo equiparable a la rebelión; además, explica que Puigdemont no instigó ni inspiró tal violencia, ya que solo estaba interesado en la celebración del supuesto referéndum.

Ni siquiera, dice la resolución, de 22 páginas, lo ocurrido ese 1-O socavaría el orden constitucional del país, en alusión a los actos violentos concretos que recorrieron las televisiones europeas. Por tanto, declara inadmisible una entrega del expresident a España por rebelión, según solicitó la euroorden.

Llarena, posteriormente a dicha petición y visto que el tribunal ya avanzaba en varios pronunciamientos que la rebelión no tenía recorrido, dejó la puerta abierta a una entrega por sedición o incluso por conspiración para la rebelión, pero su sugerencia no ha sido atendida. Cuando reciba la resolución alemana, tendrá que decidir si acepta o no la entrega de Puigdemont en los términos en los que se formula.

No hay persecución política

En cuanto a la malversación de caudales públicos, el tribunal de Schleswig-Holstein dice en su resolución que, en este caso, no es necesario acudir al Código Penal alemán para evaluarla, ya que este delito sí forma parte de la lista que contempla la legislación europea para la ejecución de las euroórdenes (aunque dentro del término "corrupción", como lo encajó el magistrado Llarena).

Asegura, asimismo, que Puigdemont, como presidente de Cataluña, era consciente de que la celebración del supuesto referéndum iba a conllevar un desembolso económico y que podría haber pruebas concluyentes de que se utilizó dinero público; él, por ende, habría sido "corresponsable". Pero esto tendrá que juzgarlo un tribunal español, añade.

El tribunal, sin embargo, aclara que no procede, como pretendía la defensa de Puigdemont, enmarcar la petición de entrega - y todo el proceso- en una suerte de persecución política al exdirigente catalán -"es absurdo", dice-. En este sentido, tiene "plena confianza" en el sistema judicial español.

La resolución sí manda, en todo caso, un recado a España: espera que cumpla con el requisito legal europeo que dice que, ahora, si es entregado, Puigdemont solo puede ser juzgado por malversación (por el llamado principio de especialidad), y en ningún caso por rebelión. La normativa sobre las euroórdenes abre la puerta a que pueda ser procesado y condenado posteriormente por una "infracción" diferente a la que motiva su entrega, aunque habría que considerar la viabilidad de un segundo juicio por los mismos hechos.

Hasta 12 años de prisión

La malversación se castiga en el Código Penal español con una pena de prisión de 2 a 6 años. No obstante, si "el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros", dice la ley, la pena puede subir hasta los 12 años de prisión. El juez Llarena explicó en su auto de procesamiento que la cantidad malversada en el procés ascendió a 1,6 millones, aunque informes posteriores de la investigación elevaron esa cantidad a casi cinco millones.

El magistrado terminó hace dos días la instrucción de la causa del procés y declaró en rebeldía a los procesados huidos, incluido el expresident, que serán investigados en una pieza separada; el curso de la causa "se suspende respecto a ellos". Habrá, por tanto, más de un juicio.

El estado federado de Schleswig-Holstein, y concretamente su ministerio de Justicia, tiene en sus manos la autorización final de la entrega del expresident, informa Efe, pero añade que es un "paso meramente formal". Las euroórdenes las dicta un juez o tribunal y las recibe otro juez o tribunal, sin intervención alguna de los Gobiernos; la defensa de Puigdemont opina que la que debería tener la última palabra es la ministra de Justicia del país, Katarina Barley.

Puigdemont ha celebrado con un mensaje en Twitter la "derrota de la principal mentira sostenida por el Estado" y ha tildado de "vergüenza e injusticia" que algunos de los procesados sigan en prisión." Lucharemos hasta el final, y ganaremos", afirma.