Los 14 procesados por malversación en la causa del proceso soberanista prevén pagar la fianza de 2,1 millones de euros impuesta por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena este martes.

Este lunes, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, informó de que la entidad ha reunido los 2,1 millones de euros que Llarena ha impuesto a Carles Puigdemont y 13 exconsellers.

El instructor de los hechos relacionados con el proceso independentista en Catalunya dio dos días de plazo para abonar esta fianza, en una providencia de fecha del pasado 27 de junio, que el juez considera que se ha utilizado para organizar el 1-O.

Este montante debe ser pagado de forma solidaria en plazo de dos días desde que la providencia haya notificada a las partes entre Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs y Dolors Bassa -que también están procesados por rebelión y todos se encuentran en prisión provisional-.

A la lista se suman los exconsellers en el extranjero Clara Ponsatí, Toni Comín (ambos también acusados de rebelión) y Lluís Puig (procesado por desobediencia); y Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, que también tienen el delito de desobediencia.

A través de un mensaje en las redes, las entidades soberanistas han celebrado que con las aportaciones de todo el mundo se haya podido hacer frente a la multa y se haya impedido que embarguen los exconsejeros, "agravando" así el sufrimiento de los presos y "exiliados".