El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ha decretado prisión incondicional y sin fianza para los presuntos miembros de la organización terrorista ETA, Igor Portu y Martín Sarasola, al considerar que existen motivos suficientes para suponer que participaron en la explosión de la furgoneta bomba que provocó la muerte de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palote.

Los presuntos estrarra se negaron a declarar por su relación con el atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 en el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, que acabó con la vida de los ciudadanos ecuatorianos, según informaron fuentes jurídicas.

Rechazaron someterse a las pruebas que podían acreditar que el primero avisó de la explosión a los bomberos de Madrid y que el segundo abandonó las dependencias del aeropuerto tras colocar el artefacto, tal y como mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad.

Rechazan admitir las pruebas

Durante la declaración, Sarasola visionó una serie de fotogramas correspondientes a las cámaras de seguridad de aeropuerto en los que, según la Guardia Civil, se le podía reconocer abandonando las instalaciones de la T-4 portando una maleta y provisto de una peluca castaña, una gorra, una mascarilla y una muleta. Sin embargo, se negó a realizar ningún comentario.

Por su parte, Portu rechazó someterse a una prueba caligráfica y otra de voz que pudiera acreditarle como autor de la llamada al teléfono de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en la que los terroristas avisaron de la colocación de la furgoneta bomba.

En el momento de ser detenido, éste llevaba en su cartera una nota donde figuraban dos números de teléfono, uno de ellos del citado servicio municipal.

El magistrado instruye este sumario debido a que se encontraba de guardia en el momento en que se produjo la explosión.

Pertenencia a banda armada

Los dos detenidos prestaron declaración la segunda semana de enero, ante el juez Fernando Grande-Marlaska. Portu lo hizo en el Hospital Donostia de San Sebastián, donde se encontraba ingresado, y Sarasola fue trasladado hasta las dependencias de la Audiencia Nacional.

El juez decretó prisión para ambos por un delito de integración en organización terrorista, dos asesinatos, dos estragos terroristas y tenencia de armas y explosivos.

Entre otras pruebas, se encuentra el hecho de que obrase en poder de Portu "el número de teléfono correspondiente a los bomberos de Madrid, uno de los sitios adonde se comunicó la colocación del coche bomba". Este número fue localizado igualmente en la vivienda de otro de los miembros de comando partícipe en dichos hechos, según apuntaba el auto en referencia al huido Mikel San Sebastián.